La Junta 'se rompe la cabeza' en buscar la fórmula idónea para asumir el copago farmacéutico

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado.

"Ahora los servicios técnicos estudian cuál es la mejor fórmula, la más ágil, menos compleja y menos comprometida jurídicamente".

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha asegurado que en las conversaciones mantenidas a lo largo de este fin de semana, coincidiendo con la Cumbre Nacional del PP en Valladolid, no ha "vislumbrado" posibilidades de llegar a un acuerdo con el Ministerio y ha incidido en que estudia fórmulas con otras comunidades para que los pacientes no tengan que hacer frente a los gastos.

  

Sáez Aguado, quien ha visitado el Centro de Investigación en Discapacidad Física (Cidif) de Aspaym, cree que será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el competente en el recurso que presentó la Junta contra el copago, el que tenga que entrar en el fondo del asunto y determine lo que corresponda.

  

En cuanto a este proceso, el consejero ve lógico que se abra la posibilidad de personarse a afectados, entre ellos el Ministerio, por la impugnación solicitada, algo que se hace constar mediante una resolución este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

  

Sáez Aguado, quien ha reiterado que ante la falta de acuerdo se mantiene el recurso, ha señalado que "lo curioso" de esta cuestión es que a pesar de que la nueva normativa está en vigor desde el 1 de octubre, ninguna comunidad la aplica. "Lo que da idea de que las cosas se podían haber hecho mejor", ha añadido.

 

FÓRMULAS PARA COSTEARLO

  

En este contexto, el titular de Sanidad ha recordado que Castilla y León busca cuál es la "mejor" fórmula para que este esfuerzo no recaiga en los pacientes y corra a cargo de los fondos de la Gerencia.

  

El consejero ha explicado que otras comunidades autónomas también tienen un planteamiento similar y se barajan fórmulas "muy diversas", pero en el caso de Castilla y León se han descartado algunas como la propuesta por UPyD para que fuera objeto de deducción en el tramo autonómico del IRPF, ya que excluiría a las personas que no hacen la declaración, las que cuentan con rentas más bajas, y además sería una deducción pasado un año tras el abono.

  

Otras soluciones que se estudian y que se hablan con otras comunidades es el reintegro de gastos, es decir, regularlo como una materia en la que se puede reintegrar; como prestación propia de la Comunidad; o subvencionar por las mismas cuantías a las personas que hacen la aportación.

  

Sáez Aguado prácticamente ha descartado su regulación como prestación propia, ya que tiene más dificultades jurídicas. "Ahora los servicios técnicos estudian cuál es la mejor fórmula, la más ágil, menos compleja y menos comprometida jurídicamente", algo que espera que se determine en "muy pocas semanas".