Tribuna mini Saltar publicidad
Cartel definitivo iberian file

La juez del 'Caso Samaniego' encarga a la AEAT de Valladolid que audite las cuentas de los imputados

Samaniego, a la izquierda, acompañado de su abogado Luis Lavín. TRIBUNA

Pide el auxilio judicial del Servicio de Vigilancia Aduanera a los efectos de policía judicial.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que investiga el denominado 'Caso Samaniego', se ha dirigido a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fin de solicitar su auxilio judicial para que audite las cuentas bancarias de las cuatro personas físicas y nueve empresas del grupo familiar imputadas en la causa.

 

El cometido, tal y como consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, ha sido encomendado al Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT, al que se habilita como policía judicial respecto de todas las cantidades ingresadas en las referidas cuentas procedentes de los contratos menores adjudicados por el Ayuntamiento entre 2000 y junio de 2014, los rendimientos que estas cantidades han producido, bienes en los que se han invertido y personas que se han podido beneficiar bien directa o indirectamente.

 

En la misma providencia, por la que se faculta a la AEAT al advertir la juez de que no dispone el juzgado de un listado de peritos facultados para la auditoría, se solicita también la identificación de aquellos ingresos procedentes de otras actividades de los imputados.

 

Las presentes diligencias de prueba habían sido solicitadas por el letrado defensor del principal imputado, el exjefe del Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Alberto Samaniego, y su hijo, Luis Javier, con el objeto de demostrar que los ingresos en las cuentas familiares proceden únicamente de alquileres de inmuebles, así como del sueldo como empleado municipal, la pensión de jubilación, fondos de inversión, intereses, dividendos de acciones...etc.

 

Además de padre e hijo, figuran también imputados en la causa el primo del primero, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas familiares, Miguel Ángel Rodríguez Patín, a los que se acusa de beneficiarse de la adjudicación de obras menores y servicios municipales entre 2000 y 2014 por importe superior a los 11,2 millones de euros.