La instructora del 'Caso Samaniego' suspende las declaraciones del secretario y de la jefa de Patrimonio

Samaniego, acompañado de su abogado Luis Lavín en los juzgados de Valladolid. BORIS GARCÍA

Al igual que en el caso del interventor, la decisión de la juez presupone que los tres serán nuevamente citados pero como imputados. 

La juez de Instrucción número 4 de Valladolid, encargada de investigar la supuesta trama de adjudicaciones irregulares a empresas del que fuera jefe del Área de Mantenimiento del Ayuntamiento de la capital, Luis Alberto Samaniego, ha acordado suspender las declaraciones que los próximos días 19 y 20 de noviembre tenían previsto prestar, en calidad de testigos, el secretario municipal y la directora del Área de Patrimonio Valentín Merino y Ana Page, respectivamente.

  

Al igual de lo que ocurriera este jueves con el interventor municipal, Rafael Salgado, cuyo interrogatorio suspendió la instructora ante la posibilidad de que sus respuestas pudieran incriminarle y con el propósito de volverle a citar pero como imputado, la doble suspensión ahora de las comparecencias de Merino y Page hace presuponer que estos dos últimos seguirán la misma suerte tras justificar la juez, a través de una providencia conocida por Europa Press, que es "en garantía de sus derechos, teniendo en cuenta las diligencias practicadas y el curso de la investigación".

  

Pero, además, los últimos acontecimientos plantean igualmente un futuro incierto para otros que están pendientes de ser interrogados y cuyo testimonio ha sido había sido aceptado por la instructora en calidad de testigos, entre ellos el director del Área de Seguridad y Movilidad, Francisco Javier Rodríguez Bustos; el ex superintendente jefe de la Policía Municipal y hoy director de Seguridad, Juan López de Haro, y el mismísimo concejal de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez.

 

INFORME DE LEGALIDAD Y FINANCIERO

  

Entre las últimas novedades en el caso se incluía la renuncia de la Intervención General del Estado a realizar un informe sobre la legalidad de los contratos menores suscritos entre el Ayuntamiento de Valladolid y el grupo de empresas del clan Samaniego, al alegar que sus competencias son estatales y plantear que el trabajo lo hagan los servicios jurídicos de la Diputación o la Junta.

  

El referido informe había sido solicitado por la Fiscalía vallisoletana, que el pasado 24 de octubre, antes del 'desmarque' de la Intervención General del Estado, ya había planteado a este mismo organismo estatal que su tarea de auxilio judicial se ampliara no sólo a la legalidad de los contratos sino al análisis de los aspectos relativos a la "buena gestión financiera, eficiencia, eficacia, objetividad y transparencia de la actuación del Ayuntamiento de Valladolid en dichas adjudicaciones".

  

Por ello, y tras rechazar la Intervención General del Estado el encargo de analizar la legalidad de los contratos y emitir informe financiero, queda por determinar si la Fiscalía vallisoletana insistirá o no para que dicho organismo realice ese cometido, al que supuestamente estaría obligado en tareas de auxilio judicial aunque no sea de su competencia.