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La institución provincial colaborará con asociaciones de Usuarios de Banca para asesorar a afectados por preferentes

Los tres grupos provinciales de la Diputación de Valladolid han aprobado este viernes en el Pleno una moción conjunta para prestar apoyo institucional a los pequeños ahorradores afectados por participaciones preferentes en la provincia, a quienes asesorarán con la colaboración de las asociaciones de Usuarios de Banca.

Concretamente, se han aprobado por unanimidad cuatro acuerdos en este sentido. El primero de ellos ha consistido en manifestar explícitamente el apoyo a las "justas demandas" de todos los ahorradores que han adquirido en el mercado bancario participaciones preferentes, activos de deuda subordinada u otros productos financieros de naturaleza similar en entidades financieras del territorio vallisoletano.

 

Por otra parte, se ha acordado instar al Gobierno de España a que adopte "cuantas medidas sean necesarias" para asegurar la restitución de ahorros a sus legítimos titulares, quienes invirtieron "sin sospechar" en alguno de los productos referidos.

 

En esta misma línea de actuación, además, se pedirá al Ejecutivo que tome las iniciativas legislativas "oportunas" (nacionales y comunitarias) para la reforma del sistema financiero, con el objetivo de "impedir que una situación como la advertida pueda volver a producirse".

 

Finalmente, con la meta de reforzar estas actuaciones con un "mayor compromiso", se suscribirá un convenio de colaboración con las asociaciones de Usuarios de Banca más representativas de la provincia, al objeto de permitir el mencionado y "adecuado" asesoramiento a las personas afectadas.

 

GESTIÓN DE RESIDENCIAS

 

El consenso también se ha hecho presente en el Pleno a la hora de debatir una propuesta del Grupo Provincial Socialista y otra del de Izquierda Unida, a pesar de que ambas se han aprobado con enmiendas.

 

En concreto, desde el PSOE se ha insistido en la "necesidad" de mejorar la gestión y la atención en las residencias municipales, que en opinión del portavoz del grupo, Juan José Zancada, supone un "problema" para muchos ayuntamientos.

 

Desde la Junta, sin ningún tipo de planificación ni control, se permitió la construcción de centros residenciales a través de los consistorios, que ahora se han encontrado con el problema de que no tienen capacidad para asumir los elevados costes de su funcionamiento", ha asegurado Zancada para explicar que esta situación "obliga en muchos casos a ceder la gestión a empresas privadas".

 

Así, aunque en la provincia existen cientos de plazas de gestión pública, el anciano abona entre el 75 y el 80 por ciento de un coste que suele situarse en torno a los 1.200 euros. Exactamente, de los 19 ayuntamientos vallisoletanos de los que dependen "residencias con un supuesto carácter público", hay ocho que han manifestado su "incapacidad" para gestionar dichos espacios.

 

Con la intención de "cambiar este panorama y trabajar para que los ancianos vivan mejor en la provincia", el portavoz socialista ha propuesto hacer una petición formal al Ejecutivo regional "de cara a consignar una partida económica" que sirva para cofinanciar "al menos" el 25 por ciento de los gastos de mantenimiento de los centros.

 

En este contexto, el diputado del PP responsable del Área de Igualdad de Oportunidades y Cultura, Artemio Domínguez, ha sugerido una enmienda para sustituir el punto en cuestión por el de instar a la Junta a elaborar un plan de reordenación y apoyo a las residencias de personas mayores, así como para pedir a la institución la "cofinanciación progresiva y justa de las plazas residenciales".

 

"En cualquier caso, creemos que la Junta está trabajando bien para adaptar los centros a los nuevos usos y necesidades de la tercera edad", ha matizado Domínguez.

 

De este modo, con un acercamiento al consenso como telón de fondo, se ha aprobado tanto esta propuesta como la única formulada hoy por Izquierda Unida, orientada a destinar el remanente del presupuesto provincial a acciones que estimulen la creación de empleo en el territorio.

 

POLÉMICA SOBRE EL ABORTO

 

La unanimidad, en cualquier caso, no se ha mantenido durante todo el Pleno, que de hecho ha comenzado con un "polémico" tema relativo a la cuestión del aborto y planteado por los socialistas bajo el título 'Defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres'.

 

"Sé que esto puede considerarse polémico, no en vano esta propuesta se presenta para remover conciencias", ha asegurado la diputada Marta Olmedo en relación a la modificación de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

 

"El Gobierno del PP, ante la ineficacia de su política económica, ha optado por aplicar su política ideológica más conservadora, aunque para ello tenga que omitir la salud de las mujeres. Y aquí, para más detalle, no está la mano de la Troika ni de la señora Merkel, sino la de la derecha más rancia", ha expresado Olmedo ante los murmullos contrarios de los miembros del Partido Popular.

 

De este modo, entre las peticiones de "calma" del presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, la socialista ha subrayado la frase "como no creéis en el pecado, ahora lo convierto en delito", con la idea de referirse a la supuesta influencia de la Iglesia católica en las decisiones del Gobierno.

 

"Parece que la situación que se busca es de confrontación con las mujeres, porque nos roban el derecho a decidir. Y la verdad es que quienes deciden no deben ser padres, ni maridos, ni novios ni ex novios", ha completado Marta Olmedo.

 

Su discurso ha sido respaldado por el portavoz de Izquierda Unida en la institución provincial, Salvador Arpa, quien ha añadido que "todo apunta a que las embarazadas tendrán que volver a viajar a países europeos, y no precisamente para hacer turismo".

 

"Creo que lo que se persigue es el sometimiento de la fémina para hacerla esclava de la sociedad, por lo que me pregunto cuál va a ser el siguiente paso ¿Linchar a los homosexuales? ¿Quemar en la hoguera a los no creyentes?", se ha preguntado Arpa entre las exclamaciones de sus compañeros.

 

Los populares, por su parte, han estado representados por Estrella Sanz, quien ha defendido que con la nueva ley "no se criminalizará a la mujer y se defenderán los derechos del no nacido".