La Fiscalía solicita enjuiciar al exalcalde de Medina, Crescencio Martín, por prevaricación

Crescencio Martín, exalcalde de Medina del Campo. TRIBUNA

La Fiscalía de Valladolid se ha dirigido a las Cortes de Castilla y León para que certifique la condición de procurador del que fuera alcalde 'popular' de Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual, a fin de que pueda ser juzgado como presunto autor de un delito de prevaricación.

La Fiscalía de Valladolid se ha dirigido a las Cortes de Castilla y León para que certifique la condición de procurador del que fuera alcalde 'popular' de Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual, a fin de que pueda ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa (artículos 404 y 436 del Código Penal).

  

En su requerimiento, el departamento que dirige Esther Pérez Jerez incluye como imputados a otros siete integrantes de su equipo municipal entre 2008 y 2009 y al representante legal de Construcciones Hermanos Sastre, por la, a su juicio, ilegal adjudicación a la referida mercantil del proyecto denominado 'Rotonda de acceso a la zona industrial' por importe de 324.531 euros.

  

Fiscalía de Valladolid entiende que, dada la condición de procurador de Martín Pascual, la causa deberá ser remitida íntegramente al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que el resto de imputados, el entonces concejal de Urbanismo y Obras, Francisco Javier Rodríguez Herranz, y los que fueran ediles José Luis Fuertes García, David Blanco Balmaceda, Virginia Serrano Rodríguez, Andrés Manuel Serrano González y Diego Cebrían Ferrero, junto con el empresario Silicio Sastre, ocupen banquillo junto a él al considerar que la actuación de estos últimos "no puede ser enjuiciada de forma separada pues se deriva de la de aquel".

  

Los hechos objeto de la presente causa, que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medina del Campo y en cuya fase de instrucción han declarado los antes citados en calidad de imputados, se remontan a noviembre de 2008 cuando el que fuera regidor de la villa, Crescencio Martín Pascual, dictó un decreto por el que aprobó el proyecto denominado 'Rotonda para acceso a la zona industrial' situada en el kilómetro 2,500 de la carretera C-112, entre dicha localidad y Olmedo, con un presupuesto base de licitación de 324.5321,30 euros.

 

INICIO DE OBRAS SIN ESTAR ADJUDICADAS

  

Expirado, el 8 de julio de 2009, el plazo para la presentación de ofertas, al concurso se presentaron siete, entre ellas Construcciones Hermanos Sastre, y aunque formalmente las obras no fueron adjudicadas a ninguna de ellas en agosto de ese mismo año la empresa Enricar S.L, subcontratada por el empresario Silicio Sastre, comenzó los trabajos en la zona de actuación, tal y como pudo comprobar, sorprendida, la representante de Excavaciones Viñas Torres, Elena Viñas, precisamente una de las sociedades licitadoras.

  

Lo sucedido fue puesto entonces en conocimiento del Ayuntamiento medinense, ante lo cual el 24 de agosto el entonces alcalde convocó una Mesa de Contratación cuyos integrantes, a la vista de los hechos y de que se habían vulnerado los principios de libre y pública concurrencia, decidieron no efectuar propuesta de adjudicación alguna y, además, ordenar la apertura de una investigación que para saber por qué se habían iniciado las obras.

  

Sin embargo, no sólo no se abrió pesquisa alguna sino que el 2 de noviembre de ese mismo año, tal y como refiere Fiscalía de Valladolid,  Construcciones Hermanos Sastre tomó directamente ya las riendas de la obra y continuó con los trabajos que inicialmente, y por encargo de ésta, había comenzado Enricar S.L.

  

Las obras fueron recibidas veintiocho días después por el Ayuntamiento de Medina, mientras que el 15 de diciembre Construcciones Hermanos Sastre emitió una factura por importe de 324.531,30 euros cuyo pago, a pesar de los informes en contra del arquitecto técnico y de la interventora municipales, fue autorizado por la Junta de Gobierno, de 30 de diciembre de 2009, presidida por Martín Pascual.

  

"No consta que los acuerdos tomados estuviesen precedidos de la más mínima discusión o debate, ni que se consultase o pidiese informe al secretario del Ayuntamiento ni que éste, por tanto, emitiera informe, opinión o recomendación alguna", advierte la acusación pública, que califica también de "sorprendente" el hecho de que el importe abonado a Construcciones Sastre es el mismo precio base de licitación cuando la oferta económica que presentó la mercantil al inicio del proceso fue de 308.272,20 euros, es decir, 16.259 euros menos.

  

"Todos los hechos son inobjetables y constan documentados y reconocidos. Su mera lectura, la cadena de irregularidades que de ella resulta es tan abrumadora que la pretensión de reducir lo ocurrido al campo de las meras irregularidades administrativas no parece que tenga una base mínimamente sólida", censura la Fiscalía de Valladolid.

  

Dicho departamento resume que lo sucedido es que lo ocurrido el 30 de diciembre de 2009, fecha de la reunión de la Junta de Gobierno del Consistorio medinense, "no fue más que la culminación lógica y anunciada de un cúmulo de acciones y omisiones a través de las cuales se procedió a adjudicar, de facto, un contrato de ejecución de obra pública, al margen de cualquier procedimiento legal y, literalmente, pasando por encima del ya iniciado, lo que constituye un acabado ejemplo de desprecio absoluto a la legalidad vigente y a los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidad" y que lesionó los intereses y derechos de los aspirantes a la licitación y a las arcas municipales.