La Fiscalía eleva su petición de condena a 20 años de cárcel en el crimen del ferretero

El acusador particular retira el delito de incendio y rebaja su solicitud de 37,5 a 25 años de privación de libertad. 

El Ministerio Fiscal entiende que Jesús Guillermo M.M, acusado de acuchillar y quemar vivo a su expareja, el ferretero jubilado Daniel G.R, a finales de junio de 2014 en el domicilio de la víctima en Valladolid, actuó con abuso de superioridad el día 30 de junio de 2014, agravante incluida en su informe final que le ha llevado a elevar de 19 a 20 años la petición de cárcel para el presunto criminal.

  

El endurecimiento en la solicitud de pena la ha justificado la acusadora pública no sólo en la dispar complexión física del fallecido y Jesús Guillermo, este último mucho más fuerte y once años más joven que el primero, sino el hecho de que el día de autos el acusado acudiera a la vivienda de su exnovio armado con un cuchillo y que tras los primeros acometimientos, hasta un total de trece, aprovechara su debilitamiento para empujarlo hacia la bañera y quemarlo allí vivo.

  

Se trata de la única modificación trascendente realizada por la fiscal en su informe definitivo, durante la cuarta y última sesión que se sigue desde el pasado viernes en la Audiencia de Valladolid, toda vez que la acusación pública ha persistido en su convicción de que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, con las agravantes de parentesco-verdugo y víctima se habían inscrito en 2003 como pareja de hecho-y ensañamiento y la atenuante de anomalía psíquica que presenta el procesado.

  

Sentada como premisa que nadie pone en tela de juicio la autoría del crimen, ya que uno de los dos cuchillos utilizados en el crimen era propiedad de Jesús Guillermo M.M., así como que éste era la única persona que se hallaba en el piso de Daniel G.R, en la calle San Luis, y que al ser detenido presentaba arañazos en rostro y cuello y cortes en sus manos, la fiscal, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha hecho especial hincapié en el sufrimiento innecesario infligido a la víctima.

  

"Además de pretender su muerte, quiso hacerle sufrir de forma innecesaria pues estaba aún vivo cuando le quemó en la bañera. Se trata de una de las formas más crueles de causar la muerte a una persona", ha censurado la acusación pública, quien ha apuntado que Jesús Guillermo podía haber optado por cualquier otro método menos doloroso, pero en cambio "eligió esa forma que le produjo un sufrimiento no sólo físico sino psíquico, durante casi diez minutos, pues la víctima estaba viendo que la iban a matar y que quien lo hacía era una persona con la que tuvo una relación especial".

 

"ES UN ASESINO, NO UN ENFERMO"

  

El acusador particular, en representación de dos hermanos del fallecido, discrepa únicamente con la anterior en que incluye también como agravante la alevosía, al entender que Daniel G.R. no tuvo la más mínima oportunidad de defenderse, y en que rechaza aplicar al procesado la atenuante de anomalía psíquica, convencido de que "es un asesino, no un enfermo", ha repetido hasta en tres ocasiones.

  

Y es que, en su opinión, pese al trastorno adaptativo mixto que los expertos acreditan que padece el acusado, el letrado considera que no se ha acreditado que tal circunstancia afectara a su capacidad intelectiva ni volitiva.

  

Incluso ha reprochado a Jesús Guillermo que ni siquiera al acudir la policía al escenario de los hechos, momento en el que los agentes le preguntaron si dentro del piso había alguien más, tuviera a bien advertir de que se hallaba su expareja quemándose vivo en la bañera, donde había arrojado una garrafa de cinco litros de disolvente y otros materiales combustibles.

  

"No tenía ninguna intención de salvarle la vida, pese a tener una última oportunidad", ha criticado la acusación particular, quien ha rebajado finalmente su petición de condena a 25 años y un día, frente a 37,5, al retirar el delito de incendio por el que acusaba inicialmente.

 

"FUE UN ARREBATO, ACTUÓ MECÁNICAMENTE"

  

En el lado contrario, la defensa, que inicialmente pedía un fallo absolutorio, solicita ahora una condena de 10 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por un delito de homicidio, con la atenuante de anomalía psísica, la misma que, a su juicio, llevó el día de los hechos a su patrocinado a sufrir un "arrebato" y a "actuar mecánicamente" y sin que en momento alguno hubiera planificado la muerte de su expareja.

  

"El impulso que tuvo fue incontrolable, como así han corroborado los peritos en el acto del juicio oral, de forma que no podía frenarse aunque se hubiera esforzado", ha insistido la abogada de Jesús Guillermo, que como génesis u origen de esa reacción ha situado no sólo su trastorno ansioso-depresivo, con rasgos paranoides y esquizoides, sino dos intentos de suicidio previos y su incapacidad laboral producto de un accidente.

  

Toda esa "base", como así ha subrayado, crearon a su patrocinado una "frustración" y le impulsaron a obrar como hizo, y ello a pesar de que dos días antes acudiera a Urgencias del Clínico Universitario para pedir auxilio porque, como dijo entonces, "temía hacer daño a alguien, al que fuera". Sin embargo, en lugar de acordar su ingreso, los facultativos le pautaron medicación y Jesús Guillermo, "que había ido para que alguien le frenara, volvió a casa con sus mismas fobias", ha reprochado la letrada.

 

RENUNCIA A LA ÚLTIMA PALABRA

  

Concluida la exposición de informes, el magistrado que preside la sala se ha dirigido al acusado para darle la oportunidad de pronunciar unas últimas palabras, algo que ha rechazado Jesús Guillermo, que a lo largo del proceso ha permanecido la mayor parte del mismo con las manos cubriendo su rostro y quien nunca ha llegado a confesar qué ocurrió esa mañana en el piso de su exnovio y las razones que le impulsaron a quemarlo vivo, puesto que se ha venido negando sistemáticamente a hablar.

  

En el capítulo de indemnizaciones, el Ministerio Fiscal solicita el pago de 50.000 euros para cada uno de los dos hermanos de la víctima, junto con otros 22.803 por los daños del incendio en el piso y otros 1.260 euros para la comunidad de propietarios del inmueble, personada en el proceso como actor civil y que reclama 8.654 euros.

  

Por su parte, la acusación particular eleva el capítulo de la responsabilidad civil a un total de 272.476 euros para los herederos del fallecido.

  

El jurado, compuesto por cuatro varones y cinco mujeres, recibirá este jueves el objeto del veredicto o cuestionario al que habrá de responder para determinar la suerte del inculpado.