La FEMP rechaza la intervención de ayuntamientos y que los municipios paguen a las CCAA por la compentencia en educación

Iñigo de la Serna
La FEMP ultima un documento que resumirá su postura sobre la reforma local que impulsa el Gobierno y en el que rechazará la intervención de los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes y que los municipios deban pagar a las comunidades autónomas por que estas asuman competencias en educación que ahora ejercen los ayuntamientos, como la limpieza de los colegios.
SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)



El texto recoge las alegaciones presentadas a la reforma del Gobierno por federaciones territoriales y por ayuntamientos y diputaciones de todo el país y la redacción no está cerrada. Se intetará dar por concluido el documento el próximo martes, en la reunión convocada de la ejecutiva de la institución.

Así lo ha explicado el presidente de la FEMP y alacalde de Santander, Íñigo de la Serna, que asegura que la federación no quiere cambiar el fondo de la ley sino "aspectos puntuales" de su articulado, entre ellos, la intervención de pueblos pequeños y el traspaso de las competencias en educación.

De la serna espera que la reunión del martes concluya con el "acuerdo" de los grupos políticos. "Ojalá", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación. La propuesta ha sido enviada a los miembros de la Junta de Gobierno de la FEMP, aglutina las alegaciones de federaciones territoriales y ayuntamientos y aún está abierta a aportaciones, con la intención de que entre todos sean "capaces" de sacar una "propuesta común" sobre las modificaciones "necesarias" al anteproyecto elaborado por el Gobierno de España.

Si se aprueba, el documento se remitirá al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que lo tome en consideración y se usará en todo el diálogo con el Gobierno de España sobre esta ley y también ante la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), pendiente de una próxima reunión.

En declaraciones realizadas en Santander, De la Serna ha vuelto a resaltar la "vía de diálogo" abierta por el Gobierno de España, "nada usual" en una tramitación de una ley.