La Federación Vecinal estudiará pedir la dimisión de De la Riva

La Federación Vecinal de Valladolid se ha mostrado este miércoles "consternada" por la imputación de doce personas en el caso de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ha adelantado que en su próxima Junta Directiva, el 12 de septiembre, estudiará la petición de dimisión del alcalde, Javier León de la Riva.  

La Federación, que considera que la dignidad de la ciudad "exige responsabilidades políticas", ha manifestado su "consternación" por la situación en que queda la ciudad tras la imputación del ex concejal de Urbanismo José Antonio García de Coca; el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino; Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita Gervás, arquitectos municipales, José Luis Barca Sebastián, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal y Luis Ángel Lavín Deza, letrado municipal, entre otros.

 

A su juicio, se trata de imputaciones "de una gravedad extrema" dada la "altas responsabilidades municipales" de cada uno de ellos y que "revelan la dimensión de la participación desde distancias áreas del Ayuntamiento en estas alteraciones" que, según el auto, podrían suponer delitos de falsedad, delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios.

 

"Este Auto supone la consideración de mucha probabilidad de que en el seno del Ayuntamiento se alteraron artículos de la norma urbanística básica en beneficio de intereses privados por parte de técnicos y representantes políticos. La dignidad de Valladolid ha sido expoliada en el seno del Ayuntamiento", asevera la Federación en el comunicado.

 

La Federación reivindica el hecho de haber sido la que detectó las primeras alteraciones de artículos que derivaron en su anulación y la que se personó en este procedimiento judicial ante la "pasividad" del Ayuntamiento, "que ni constituyó comisión de investigación interna alguna, ni abrió expedientes sancionadores a nadie, ni actuó judicialmente".

 

"Es evidente que las alteraciones se han producido en algún momento del procedimiento administrativo y el Auto hoy conocido señala que está mínimamente acreditado que se haya podido intervenir voluntariamente para provocar las modificaciones siempre a favor de intereses de empresas constructoras y nunca en beneficio del interés general", destaca la Federación.