La ex concejala Domi Fernández justifica el cambio en la Escuela de Música por "ahorro y eficacia"

Domi Fernández, junto a su abogado José Ferrández Otaño.

La que fuera responsable de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid declara en el juicio por la rescisión de la contrata municipal. 

ESPERANZAS EN LA VÍA SOCIAL

 

Aunque las demandas por despido de los veinticinco docentes de Músicos y Escuela no han sido atendidas, aunque se encuentran recurridas ante el TSJCyL, su portavoz confía en que finalmente puedan ser estimadas si se demuestra en vía penal que la quiebra de la empresa fue premeditada. "Todo caería como un castillo de naipes y se descubriría que nuestros despidos fueron necesarios para montar esta historia", ha advertido.

 

En cualquier caso, el portavoz de los músicos despedidos ha lamentado que la Escuela de Música se haya visto envuelta en esta causa sin motivo alguno y, como así ha denunciado, por la actitud de la exedil ahora investigada y su intento de otorgar la explotación a otra cooperativa formada por compañeros del mismo partido político.

 

"No se ha preocupado para nada de los trabajadores, a los que se nos trató como si formáramos parte de una conspiración judeo-masónica-bolchevique, cuando lo único que somos es músicos que trabajamos con corcheas, fusas y pentagramas y con alumnos maravillosos a los que hemos entregado los mejores años de nuestras vidas", ha lamentado Jorge Colino.

Domi Fernández ha justificado la rescisión del contrato en 2013 a la empresa Músicos y Escuela, adjudicataria de la Escuela de Música, y la posterior ajudicación de la contrata a In-Pulso Musical, con cooperativistas afines a dicha formación política, en el intento de lograr un "mayor ahorro y mayor eficacia".

 

Aunque la exedil y su letrado, José Ferrández Otaño, han elegido la estrategia del silencio y han abandonado el edificio de los juzgados sin atender a los medios de comunicación, tras prestar declaración la primera en calidad de investigada ante la juez de Instrucción número 6, el letrado de la acusación particular, José María Blanco, ha explicado que la exmunícipe ha defendido su actuación al insistir ésta en que si el Ayuntamiento optó hace tres años por un cambio en el sistema de gestión de la referida escuela fue para mejorar su funcionamiento y contar con más alumnos.

 

En el interrogatorio al que ha sido sometida, Domi Fernández ha apuntado que para ello se contactó con empresas de prestigio y que finalmente se decantaron por In-Pulso Musical, que contaba con un profesor reconocido, pero sin saber que tras ella figuraban miembros del Partido Popular.

 

"Ha reconocido que conocía a Fernando Calderón por haber ido con ella en la candidatura al Ayuntamiento en las municipales de 2007, aunque no sabía que formara parte de la cooperativa adjudicataria", ha indicado el abogado de la acusación particular, que representa a los veinticinco músicos de la empresa a la que se retiró la adjudicación.

 

Sin embargo, el letrado, en declaraciones recogidas por Europa Press, persiste en su convicción de que "ha habido actuaciones que ahogaron económicamente a la anterior empresa y que la llevaron a desaparecer", en referencia a Músicos y Escuela, lo que se tradujo en el despido de los docentes a los que ahora representa.    

 

Uno de los portavoces de estos últimos, Jorge Colino, entiende que el actual proceso en vía penal abierto por la Fiscalía de Valladolid a raíz de su denuncia -ha declarado también como investigada la que fuera jefa del Servicio de Educación, Edith García Lera- da carta de naturaleza a las sospechas de los afectados "desde el minuto uno", es decir, que los impagos por parte del Ayuntamiento a Músicos y Escuela desde enero de 2013 eran premeditados para causar la quiebra de la sociedad y poder así adjudicar el servicio a otra empresa.

 

En este sentido, Colino se muestra categórico al afirmar que "todo estaba preparado" para adjudicar la escuela, por 17.995 euros, a una cooperativa creada 'ad hoc' por afiliados y compañeros de la concejala en la candidatura del PP a las elecciones municipales de 2007, en concreto Fernando Calderón, "sin ningún tipo de experiencia en la materia y que ni siquiera estaba registrada cuando el Ayuntamiento inició el procedimiento de licitación".