La Estrategia de Empleo 2016-2020 invertirá 140 millones en Castilla y León

Se trata de fondos que no pueden ser objeto de negociación al tratarse de transferencias finalistas del Estado, o bien están destinados a sufragar el propio personal.

ACUERDO EN MATERIA DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA

 

La Renta Garantizada de Ciudadanía se configura como trecho subjetivo reconocido en el Estatuto de Autonomía a todas las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, con el doble objetivo de garantizar la atención de sus necesidades básicas de subsistencia y de promover su integración social y laboral. Forma parte de la Red de Protección a las Personas y Familias afectadas por la crisis, que se gestó en el año 2013 en el marco del Diálogo Social, marco que ha servido para promover sucesivas flexibilizaciones y mejoras en los últimos años.

 

En cuanto al acuerdo alcanzado hoy en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía, ésta mejora su protección en varios aspectos, entre los que destaca la flexibilización del acceso a las personas a la obtención de esta prestación, especialmente a los perceptores de otras prestaciones derivadas del empleo y a grupos que en este momento no podían acceder. De esta manera, se compatibilizará esta renta hasta la cuantía básica de esta prestación con otras prestaciones de desempleo. Se flexibiliza también el cumplimiento de los requisitos a través de modificaciones en las reglas de cómputo de bienes muebles, inmuebles e ingresos.

 

Los acuerdos introducen también mejoras en el procedimiento. La más destacada es que se garantiza el derecho subjetivo de esta renta al reconocerse el nacimiento del derecho desde el mes siguiente a producirse la solicitud, en lugar de los tres meses actuales.

 

Asimismo, se incluyen medidas encaminadas a fomentar la inserción laboral de los beneficiarios de la prestación con medidas de empleo como facilitar la reanudación automática de la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía una vez finalizada la actividad laboral, cuando el beneficiario la tenía suspendida por obtener ingresos de dicha actividad, junto con otras medidas de estímulo del empleo en el sector público y privado.

 

Otra de las novedades será la creación de un servicio de información especializado sobre la Renta Garantizada en el ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, a fin de reforzar el apoyo profesional en la tramitación y el fortalecimiento de medidas de seguimiento.

La II Estrategia 2016-2020 prevé destinar inicialmente 140 millones de euros en el conjunto de políticas activas que se financiarán durante el presente ejercicio con fondos autónomos, fondos finalistas del Estado, de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo y del Programa Operativo de Empleo Juvenil conocido como ‘Garantía Juvenil’.

 

Sin embargo, el conjunto de políticas de empleo contará en 2016 con 290,1 millones de euros, de los que 258,5 son de la Consejería de Empleo y 31,6 de programas de empleo gestionados por otras consejerías. Se trata de fondos que no pueden ser objeto de negociación al tratarse de transferencias finalistas del Estado, o bien están destinados a sufragar el propio personal y funcionamiento de los servicios de empleo.

 

Los fondos que puedan incrementar estas cuantías se integrarán en el Plan, previa negociación y acuerdo en el marco de la Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social. La dotación destinada a posteriores anualidades del Plan tomará como referencia la cuantía del primer año con variaciones anuales que estarán establecidas por la variación porcentual del gasto no financiero del conjunto de las consejerías.

 

Los créditos de fondos autónomos destinados al Plan anual reflejan la prioridad que la Junta otorga a la creación y el mantenimiento del empleo.

 

EMPLEO JOVEN Y LOCAL

 

Dentro del conjunto de medidas puestas en marcha en 2016 se incluye de forma específica un Plan de Empleo Joven que está dotado con 36,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 21 % respecto a 2015. Esta dotación incluye los fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil, con 14,2 millones, previsto para jóvenes de hasta 30 años, que, como novedad, se completarán con fondos autónomos para cubrir la franja hasta los 35 años.

 

Por otra parte, el Plan anual de Políticas de Empleo para 2016 integra un Plan de Empleo Local con medidas que ascienden a 40 millones de euros, con un crecimiento del 33 % en relación con los 30 millones asignados en 2015. Tiene como objetivo promover un importante número de empleos para realizar obras y servicios por parte de las entidades locales que contribuyan al desarrollo económico del territorio. En el Plan de Empleo Local destaca la pretensión de favorecer un empleo de mayor calidad y de apoyar de manera más eficaz a colectivos y sectores específicos.

 

Para ello, de manera general se realizarán contratos a tiempo completo y con una duración mínima de 6 meses y, además, se realizarán convocatorias independientes para distintos colectivos, entre los que destacan: perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía (10 millones de euros), trabajadores de los sectores turístico y forestal (10 millones de euros), personas con discapacidad (5 millones de euros) y trabajadores de los municipios mineros de León y Palencia (2,4 millones de euros).

 

Las acciones y medidas previstas en el Plan anual se concretarán en un documento aprobado por la Comisión Permanente del Diálogo Social, bajo criterios de eficacia en la planificación temporal y en la asignación de recursos. Los resultados se los programas una vez aplicados serán evaluados por este órgano del Diálogo Social.

 

MÁS CONTENIDOS

 

El Plan Anual de Políticas de Empleo incorpora otras medidas, como son las que se refieren más directamente al ámbito social. Así, por ejemplo, se mantiene el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dirigido a la reinserción laboral de los desempleados, mediante acciones de orientación y Formación Profesional y la percepción de 426 euros mensuales, para lo que se contemplan 7,5 millones de euros. Como novedad, se incluye el compromiso asumido en la Investidura de extender dicha ayuda de 426 euros a los autónomos que, habiendo cotizado por desempleo, hubieran agotado las prestaciones.

 

También se potencia la protección frente a las crisis empresariales con fondos por un total de 12,5 millones de euros con los que complementar la renta de los trabajadores y se colabora con las empresas a través de la minoración de sus costes de Seguridad Social. Como novedad, se plantea la posibilidad de conceder ayudas, vía convenio con la Seguridad Social, a los trabajadores mayores de 55 años procedentes de empresas en procesos concursales para facilitar el tránsito hasta la edad de jubilación. También se prevé mejorar las condiciones de los trabajadores afectados por EREs que, siguiendo en activo en la empresa, hayan agotado sus prestaciones por desempleo (entre ellos el sector de la minería y sus empresas auxiliares).

 

Igualmente, se da un renovado impulso al objetivo del empleo para las personas con discapacidad, con la subvención de los costes salariales de los Centros Especiales de Empleo y con medidas para mejorar la formación de estos trabajadores.

 

ACUERDO RELATIVO AL SERLA

 

Por otra parte, el presidente de la Junta y los representantes de los agentes económicos y sociales han firmado el acuerdo por el que se adquiere el propósito firme de adoptar las medidas necesarias para que el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) conozca también los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje de los conflictos individuales laborales. Se ha comprometido un calendario de actuaciones que se ejecutarán durante los años 2016 y 2017.

 

El pasado 2 de septiembre de 2015 se suscribió el III Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos laborales de Castilla y León, en el que se incluían aspectos sobre los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje de los conflictos individuales laborales.

 

La Comisión permanente del Diálogo Social valoró de forma positiva el acuerdo y trasladó la consideración de que puede permitir una mejora sustancial del sistema de relaciones laborales, contribuyendo al consenso y al diálogo entre los interlocutores económicos y sociales y a la promoción de la paz social en la Comunidad. Este calendario abarca acciones dirigidas a acordar la firma de un acuerdo entre la administración y los agentes económicos y sociales, la elección de una sede para el inicio de la implantación, la modificación de estatutos, y el acuerdo para que el SERLA pueda conocer los procedimientos de conciliación y mediación de los conflictos individuales.

 

ACUERDOS EN MATERIA DE VIVIENDA

 

Por otro lado, la Junta de Castilla y León, continuando con los acuerdos de Diálogo Social suscritos en 2013 y 2015 con los sindicatos de CCOO y UGT y la patronal CECALE, ha alcanzado un nuevo acuerdo para el fomento del alquiler y la rehabilitación edificatoria en Castilla y León, cuyo presupuesto total asciende a 23,4 millones de euros. Con este acuerdo se consolida y desarrolla el programa de ayudas al alquiler, con un marco estable durante la presente legislatura, con especial atención a los colectivos más vulnerables, que son las personas y unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM.

 

En concreto, con este nuevo marco en materia de vivienda se modifican las bases reguladoras de las ayudas al alquiler, dando prioridad a las personas y unidades familiares con menos ingresos, eliminando el umbral de ingresos mínimos y elevando el porcentaje subvencionable de los recibos mensuales, con la posibilidad de complementar más tarde dicho porcentaje con fondos autonómicos.

 

Así, la Consejería de Fomento y Medio va a publicar de manera inmediata una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por importe de 11.372.000 euros, que será complementada con 5.000.000 de euros de fondos autonómicos, alcanzando un total de 16.372.000 euros para el año 2016. Del año 2017 en adelante, la Junta se ha comprometido a incluir un mínimo de 5.000.000 de euros anuales complementarios a los fondos del plan de vivienda.

 

Estas ayudas van dirigidas a las unidades de convivencia, que son el conjunto de personas que habitan en una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, que les subvencionan el 40 % de los recibos mensuales de alquiler de su vivienda, hasta un máximo de 1.710 euros mensuales.

 

A su vez, el Diálogo Social también ha alcanzado un acuerdo sobre las ayudas en materia de rehabilitación edificatoria, por lo que se publicará de forma inmediata una nueva convocatoria por importe de 7.098.888 euros.

 

El objeto de estas ayudas es financiar la ejecución de las obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva situados en Castilla y León. Los beneficiarios son las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos de edificios de viviendas.