La Diputación de Valladolid pide al Gobierno mantener los jueces de paz y los partidos judiciales

La Diputación vallisoletana ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno que en la reformas acometidas hasta el momento se mantengan los partidos judiciales de Valladolid, así como las sedes judiciales con el actual núcleo de competencias, y los Jueces de Paz, "dada la función esencial que cumplen".

La iniciativa, presentada por los tres grupos provinciales, se ha presentado este viernes, durante la sesión plenaria correspondiente al mes de mayo. En ella, ante la publicación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, tanto PP, como IU y PSOE han mostrado su inquietud por la situación en la que puedan quedar tales instituciones.

 

En la provincia de Valladolid existen 16 agrupaciones de Secretarías que concentran la actividad de 220 juzgados de paz que las integran. En el citado Anteproyecto se prevé la eliminación de los Jueces de Paz pero no de los juzgados, que asumirán las labores de apoyo y acceso al Registro Civil.

 

Al ser una figura "con gran arraigo" en el medio rural entre las discusiones con los vecinos, "evitando que lleguen a otras instancias superiores", la Diputación no considera "conveniente" la eliminación de los Jueces de Paz.

 

También con unanimidad, el pleno de la Diputación ha respaldado la propuesta del Partido socialista en la que se insta a la Junta de Castilla y León y la propia institución provincial a que continúen con la dotación de los medios económicos y técnicos necesarios para garantizar en las Entidades Locales Menores y ayuntamientos la prestación del servicio de secretaría e intervención.

 

Asimismo, se solicitará al Gobierno autonómico a que continúe la labor de garantizar un plan de trabajo urgente que respalde la redención de las  cuentas de las Entidades ante el Consejo de Cuentas antes del día 31 de diciembre de 2014, "garantizando su pervivencia como Entidades Locales con personalidad jurídica propia".

 

Durante la sesión plenaria correspondiente al mes de mayo, la Diputación de Valladolid ha guardado un minuto de silencio en homenaje a la presidente de la Diputación de León, Isabel Carrasco, asesinada el pasado 12 de mayo.

 

ACUERDOS POR UNANIMIDAD

 

Por otra parte, los tres grupos representados en el Pleno de la institución han acordado ampliar la asunción, por parte de la Diputación, de la tramitación de los expedientes de declaración de ruina de los municipios de menos de 1.000 habitantes hasta localidades con una población comprendida entre el millar y los 10.000.

 

La primera fase de esta medida ha registrado hasta la fecha sean 112 los consistorios menores de 1.000 habitantes que por acuerdo plenario han delegado actuaciones. En este sentido, la sesión plenaria de mayo ha dado el visto bueno a 13 nuevas delegaciones realizadas por otra tantos consistorios de menos de 1.000 habitantes.

 

Asimismo, y de forma unánime, la institución ha mostrado su apoyo a la Asociación Mesa Nacional del Ajo para que "siga realizando" las gestiones competentes para rebajar las cifras actuales del contingente de ajos con China, al tiempo que ha instado al Gobierno y continuar demandando a la Instituciones Europeas las gestiones necesarias a tal fin.

 

Además, se destinará una partida de 332.500 euros para obras de reparación en los colegios de primaria e infantil de 63 localidades, y otra asignación de 250.000 euros para fomentar la contratación de desempleados en 108 municipios que tienen menos de menos de diez parados.

 

1,5 MILLONES DE EUROS

 

Estas ayudas al empleo se unen al 1,5 millones de euros que la Diputación destina al Plan Espacial de Apoyo a los Ayuntamientos para financiar prestación de servicios municipales, a lo que se suma el Protocolo de Colaboración con la Junta suscrito con el objetivo de crear un entorno favorable a la creación de empleo.

 

Por ello, las subvenciones respaldadas, de 2.400 euros por Ayuntamiento y 1.000 por Entidad Local Menor, irán dirigidas a las 99 casas consistoriales y nueve entidades que cumplen con tal requisito.

 

Por ultimo, con un voto a favor y 26 en contra, la sesión plenaria ha rechazado la proposición presentada por Salvador Arpa, de IU, en la cual instaba a la Diputación a rechazar la Ley General de Telecomunicaciones por "atentar" contra la autonomía municipal y autonómica y elevar al Gobierno la propuesta de que cualquier medida que afecte a las entidades locales y regionales cuente con la participación de éstas.

 

 Asimismo, la medida presentada desde la bancada de IU contemplaba la necesidad de comunicar el Ejecutivo nacional que cualquier reforma de esta Ley tenga en cuenta la salud de las personas y que promueva un despliegue de telecomunicaciones "seguro y saludable, escuchando a todos los actores afectados por la Normativa".