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La corporación reclama al Gobierno la jubilación anticipada de policías para igualarles con la Ertzaintza

l objetivo es "poner fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo".

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes por unanimidad una moción por la que se insta al Gobierno de España a llevar a cabo la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales, al igual que ocurre en el caso de los miembros de la Ertzaintza, policía autonómica vasca.

  

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, que ha leído el texto de la moción en el Pleno celebrado este martes, ha explicado que se plantea a varios departamentos estatales la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los miembros de Cuerpos de Policías Locales del Estado así como el reconocimiento de la profesión policial de riesgo y, en consecuencia, la redacción de un catálogo de enfermedades profesionales para proteger la salud.

  

El texto busca igualar el tratamiento de la jubilación anticipada a lo que se aplica a la Ertzaintza desde el año 2010, ya que los agentes de este cuerpo pueden adelantar el fin de la actividad laboral a los 60 años si cumplen una serie de requisitos. El objetivo es "poner fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo".

  

En la rueda de prensa posterior al Pleno, el primer edil vallisoletano ha asegurado que este acuerdo "no tiene nada que ver" con la puesta en marcha de la segunda actividad en la Policía Municipal, derivada de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obligaba a que el actual superintendente, Juan López de Haro, dejase el cargo por haber alcanzado los 60 años.

  

En este sentido, León de la Riva ha puntualizado que el Consistorio ha solicitado a la Junta que la entrada en segunda actividad sea voluntaria para los funcionarios de la Policía Municipal, con el fin de no perjudicar a quienes quieran mantener sus responsabilidades.

  

La otra moción institucional, igualmente planteada por el PP el pasado jueves y respaldada por PSOE e IU, declara a la Semana Santa de Valladolid como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad e insta al equipo de Gobierno a iniciar el procedimiento para la inclusión en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

  

El regidor ha recordado que las procesiones de Valladolid fueron "las primeras" que obtuvieron el reconocimiento como de interés turístico internacional, en 1980, y ha aseverado que en los últimos años proliferan estas declaraciones "a razón de varias cada año". Así, ha coincidido con la visión del Ayuntamiento de Zamora, de que ya no se trata de una denominación que "reconoce" sino que "homologa".

   

"TRANSITORIA" DESDE 1997

  

También se aprobó la propuesta de los grupos de la oposición para reiterar la reclamación a la Junta de Castilla y León de la construcción en una parcela de Covaresa de un centro de educación especial y para mejorar las condiciones del actual, que comparte espacio con el colegio público María de Molina en Huerta del Rey de forma "transitoria" desde 1997, como apuntó la edil de IU María Sánchez.

  

El Grupo Popular introdujo una enmienda que, en primer lugar, eliminó la propuesta de que el alcalde remita al consejero de Educación, Juan José Mateos, una propuesta de convenio para determinar los plazos de cesión de esa parcela, así como del inicio de las obras en el año 2015. El Grupo Socialista no ha aceptado esa parte de la enmienda pues su portavoz, Javier Izquierdo, ha calificado de "ineludible" dicho punto.

  

Así, la moción ha quedado con la reiteración de la reclamación a la Junta del inicio de la construcción y de una serie de medidas urgentes para actuar en el Centro de Educación Especial, como mantenimiento, reparación o dotación de juegos infantiles.

  

También se ha acordado remitir en un plazo de 15 días -la oposición reclamaba una semana- los estudios realizados por el Centro de Movilidad Urbana para mejorar la seguridad y accesibilidad al edificio a la Dirección del Centro y la Consejería de Educación con el fin de que realicen aportaciones. Si bien el PP no ha accedido a abrir ese documento a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos ni a los grupos de la oposición.

 

EXPULSADOS DE LA TRIBUNA DE PÚBLICO

  

En el debate de esta moción, la concejal de Participación Ciudadana ha utilizado una referencia a la tasa para intervenciones de asociaciones en los plenos que implantó el Ayuntamiento socialista de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), lo que ha sido recibido por parte de las personas presentes en la tribuna con abucheos y alguna exclamación en voz alta, cuyo autor, tras un aviso del alcalde, ha sido sacado del Pleno por efectivos de la Policía Municipal.

  

En ese momento, varias personas más que se encontraba en el público han coreado alguna consigna y han abandonado también la tribuna acompañados por la Policía.

   

En cambio, el tono de debate en la mayor parte de la sesión ha sido sosegado y se ha alterado tan sólo cuando el presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, y Jesús Enríquez han intercambiado pareceres sobre la negativa en el anterior Pleno a que el primero respondiera tras ser aludido por el segundo.