La concesionaria del HUBU dejó de facturar hasta noviembre 12,4 millones correspondientes a la tasa interna de retorno

Sáez Aguado justifica modificados del hospital por su complejidad y defiende que las decisiones se basaron en "el interés público y la legalidad"
 

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha asegurado que la empresa concesionaria del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) dejó de facturar hasta noviembre de 2015 un total de 12,4 millones de euros correspondientes a la tasa interna de retorno por variaciones sobre su actividad estándar.


Durante su comparecencia ante la comisión de investigación en las Cortes por los sobrecostes en la construcción y gestión, Sáez Aguado ha ofrecido estos datos para negar las acusaciones de que los modificados presupuestarios se hayan autorizado con el fin de beneficiar a la concesionaria y ha subrayado los "riesgos" que ésta asume al gestionar este modelo.



Al margen de la caída en la facturación por actividad, el consejero se ha referido también a otros riesgos como una hipotética subida de los costes energéticos o salariales, así como de reposición y reparación de recursos, gastos que, de acuerdo con el contrato, habría de asumir sin repercutirlo a la Administración.



Asimismo, ha puesto como ejemplo el servicio de esterilización del hospital, sobre el cual la concesionaria ha advertido de que "no cubre los costes", pero ha insistido en que ése fue uno de los peligros a que se expuso la empresa al hacer su oferta, por lo que ha rechazado que exista un perjuicio para el interés público.


Por lo que se refiere a los modificados aprobados sobre las partidas presupuestadas para el hospital burgalés, el responsable de Sanidad ha justificado esta situación dada la "complejidad" del proyecto y ha asegurado que es algo habitual en otras obras similares ejecutadas desde un modelo meramente público.



COSTES DE EXPLOTACIÓN



En este sentido, ha comparado los 25,8 millones de coste de explotación del HUBU en 2015 con los 31 del Complejo Asistencial de León, los 34 del de Salamanca, los 25,3 del Hospital Clínico de Valladolid o los 23,7 del Río Hortega de Valladolid, ante lo que ha señalado estas cifras dentro de la normalidad.



En cuanto a los plazos para su construcción, ha recordado que mientras el Río Hortega necesitó ocho años, el HUBU, que presenta un 60 por ciento más de superficie, se llevó a cabo en "casi cinco y medio", por lo que ha ensalzado la eficiencia del modelo de concesión escogido, al cual ha recurrido, según ha explicado, el Gobierno de Cantabria para terminar las obras del Hospital de Valdecilla que "no se habían logrado culminar desde 1999".

 


Por ello, ha insistido en que en caso de haber optado por un modelo exclusivamente público, en un contexto de crisis y ajuste presupuestario, "no hubiera habido hospital" o se habría construido "a costa de hipotecar otras obras en la Comunidad".



Además, ha aseverado que todas las decisiones se han tomado "basadas en el interés público y la legalidad" y ha añadido que , en su opinión, la cuestión de los sobrecostes e irregularidades "son asunto juzgado", al hilo de lo cual ha recordado el archivo, por parte del Tribunal de Cuentas, de la denuncia presentada por el Partido Socialista.

 


El compareciente ha reiterado que en todas las modificaciones de contrato y en su gestión "se han seguido los procedimientos establecidos en la legislación" sobre contratos con los informes de legalidad de la Asesoría Jurídica de la Gerencia y el control de la Intervención General de la Comunidad y, cuando ha sido preciso, "también con los dictámenes favorables del Consejo Consultivo de Castilla y León".



Sáez Aguado ha advertido de que en estos años las relaciones con la sociedad concesionaria "no han sido pacíficas" y que hasta en cuatro ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad han desestimado las pretensiones de ésta, al tiempo que ha aseverado que todas las modificaciones para satisfacer nuevas necesidades se han basado en informes de jefes de servicio y no en presiones de la empresa.



"ERROR GARRAFAL"



Sin embargo, la procuradora socialista Mercedes Martín ha acusado a la Junta de cometer un "error garrafal" al optar por este modelo de gestión, que ha achacado a una pretensión por parte de la concesionaria de "ganar dinero a costa de todo y de todos" con el beneplácito de la Administración.



Asimismo, Martín ha lamentado los elogios del consejero a esta fórmula, lo que la ha llevado a sentenciar que éste "cada día tiene menos fe en lo público".



Tanto la procuradora de Podemos Laura Domínguez como el representante de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, han criticado lo que consideran "improvisación" por parte del Gobierno autonómico para, según Domínguez, "cambiar el modelo prácticamente por completo", mientras que Mitadiel ha asegurado que, a la luz de los datos, "había habido posibilidad" de ejecutar el proyecto desde un modelo exclusivamente público, algo sobre lo que Sáez Aguado ha señalado que, de ser así, "ahora se estarían terminando las obras".



Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, ha alertado de los incumplimientos de la empresa en cuestiones como el Plan de Obras y ha advertido de que "o bien la Consejería hizo la vista gorda", o bien "recibió aviso de que no lo ejecutara porque se iba a modificar", por lo que ha apelado a la responsabilidad de la Administración en esta cuestión.



Tras ello, el procurador 'popular' Ángel Mariano Ibáñez Hernando ha aplaudido las explicaciones ofrecidas por el consejero, del que ha elogiado su apego "a a realidad" mientras otros "viven en una realidad virtual" y se dedican "a cazar Pokemon".



La sesión ha concluido con una intervención final de Antonio María Sáez Aguado en la que ha lanzado tres preguntas a los distintos grupos acerca de "que no se debería haber hecho", "cómo no se debería haber hecho alguna cosa" y "cuándo no se debería haber actuado".