La Audiencia rechaza un núcleo de pruebas de la acusación particular en el juicio del Caso Arroyo, marcado para el 24 de junio

Imagen del municipio de Arroyo de la Encomienda.

El abogado defensor del alcalde de Arroyo se muestra optimista por la pronta fecha del juicio y cree que la Audiencia al final dictará sentencia absolutoria a favor de su defendido José Manuel Méndez. El Ministerio Fiscal pide 36,5 años de prisión y multas por valor de 2,1 millones a los seis imputados.

El juicio del Caso Arroyo ya tiene fecha. La Audiencia provincial de Valladolid sentará el próximo día 24 de junio en el banquillo de los acusados al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, así como al portavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván, y a otros cuatro imputados más por el denominado 'Caso Arroyo' sobre supuesta corrupción urbanística; para los que el Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas de más de 2,1 millones de euros.

 

El abogado del alcalde de Arroyo, el letrado Javier Gómez de Liaño, se muestra muy “satisfecho” al conocer que ya se ha fiado la fecha del juicio. “Es una muy buena noticia y significa que el ritmo de la justicia en ese tribunal es muy saludable”.

 

Además, Gómez de Liaño destaca que la Audiencia haya rechazado “un núcleo de pruebas que no ha considerado pertinente, mientras que ha admitido las de la defensa en su totalidad”. El abogado del actual alcalde de Arroyo de la Encomienda cree que al final la justicia absolverá a su defendido.

 

Precisamente, las pruebas no admitidas son la pericial interesada por la representación de la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, por no considerarla “ni necesaria, ni útil”, además de la documental de la acusación popular consistente en la reproducción en sala de los cds en los que constan declaraciones de testigos.

 

La Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle, a través de un auto al que tuvo acceso Tribuna Valladolid, ha fijado para el 24 de junio el inicio de la vista oral, que, en principio, se prolongará durante los días 25, 26, 27 y 28 del mismo mes.

 

La acusación pública imputa dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo, para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.

 

En el caso de Jesús García Galván, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

 

Además, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años por de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación.

 

Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.

 

El letrado defensor, Javier Gómez de Liaño, dice que desde que se hizo cargo del caso lo vio “muy claro”. “Afronto el juicio con la esperanza del que el tribunal dísete una sentencia absolutoria” y explica que la conducta de su defendido ha sido “intachable” siempre velando por los intereses

 

PETICIÓN DE LA ACUSACIÓN POPULAR

 

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.

 

En concreto, pide para Méndez un total de 16,5 años de privación de libertad, inhabilitación especial por 31,5 años y el pago de 3.485.000 euros de multa (por tres delitos de cohecho, uno de malversación y otro urbanístico), mientras que para García Galván interesa un total de seis años, 20 de inhabilitación y 475.000 euros de multa (por un delito de cohecho y otro de prevaricación urbanística).

 

En su relato de hechos, el juez situó como principales artífices de la "trama urdida" a los dos representantes de Mahía, Ramón López y José Presas, y al alcalde de Arroyo, a los que acusa de ponerse de acuerdo para beneficiar a la referida empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas en la localidad, constituyendo para ello un entramado de mercantiles vinculadas al grupo gallego, y todo ello a cambio de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos.

 

Así, la investigación otorga al hoy alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en dicho entramado, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con los anteriores antes de recalar en Arroyo fueron aprovechadas por los tres imputados para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.

 

De ellos y del resto de imputados, y a modo de síntesis, el juez apunta que "llevaron a cabo conductas consistentes en informar de modo favorable a las solicitudes de Mahía (cualquiera de las empresas del grupo), votar en igual sentido tanto en el Ayuntamiento como en la sociedad municipal del suelo (Emuva), potenciar la expansión con los medios a su alcance, incumplir y obviar trámites administrativos, sobredimensionar presupuestos de adjudicaciones, pagar elevadas e injustificadas cantidades de dinero por servicios o actuaciones puntuales urbanísticas, cuyo coste real era inferior".

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