La Audiencia ratifica la absolución del alcalde de Íscar y de otros cuatro acusados de prevaricación

El alcalde de Iscar Alejandro García Sanz.

La Audiencia de Valladolid ha confirmado la absolución del alcalde de Íscar, el 'popular' Alejandro García Sanz, y de los otros cuatro acusados de un delito de prevaricación, dos concejales, el arquitecto y el secretario municipales.
 

Aunque el proceso en vía penal parecía que había quedado zanjado después de que el pasado día 10 de enero el Juzgado de lo Penal número 4 dictara sentencia absolutoria al no encontrar indicios de delito en la conducta de los imputados, la última palabra la tenía ahora la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, presidida por Feliciano Trebolle, ya que la Fiscalía vallisoletana optó finalmente por presentar recurso de apelación convencida de la ilicitud en la concesión de la licencia.

 

Sin embargo, la Audiencia de Valladolid, ha resuelto ahora ratificar en todos sus términos el fallo dictado en primera instancia, frente a la postura de la acusación pública, que solicitaba un año de prisión y ocho de inhabilitación para arquitecto y secretario municipales, José Luis Pérez de Fruto y Fernando Rodil, respectivamente, y uno de cárcel y siete de inhabilitación para cada uno de los tres miembros de la Corporación municipal, el alcalde, Alejandro García Sanz; el segundo teniente de alcalde, Juan Carlos Lázaro, y el concejal Luis Antonio Sánchez Cuéllar.

 

Durante el juicio, los absueltos habían defendido su actuación a la hora de conceder la licencia, que el arquitecto municipal justificó en la "urgencia" de la obra tras la nevada caída en el municipio, que provocó una situación "crítica", con una estructura de una nave en al que era "imprescindible" actuar por ser "altamente" y "tremendamente" peligroso cómo se encontraba.

 

Según su versión, informó verbalmente de la situación al secretario municipal para que se incluyera en una Junta de Gobierno que el Ayuntamiento celebraba ese mismo día para intentar actuar lo antes posible e incluso llegó a rellenar el formulario de solicitud de licencia de obra "menor", ya que se trataba de un desescombro y reconstrucción, ante el "nerviosismo" del propietario de la empresa y de la nave en cuestión. A posteriori, el día siguiente, hizo un informe escrito.

 

El secretario municipal explicó que tras el informe verbal del arquitecto se siguió el "procedimiento habitual" y se llevó a la Junta de Gobierno en la que se aprobó, sin que le llamara la atención el expediente, por lo que aseguró que todo fue "absolutamente normal", algo que avaló el anterior secretario municipal --que ocupó el puesto más de 30 años--, quien afirmó que hubiera actuado igual.

 

INFORME FAVORABLE

 

Por su parte, los tres miembros de la Corporación municipal, incluido el alcalde y diputado provincial, coincidieron en señalar que al no haber informe en contra de la concesión de licencia, ésta se aprobó en la Junta de Gobierno.

 

Alejandro García explicó que desde que es alcalde, a partir de 1987, nunca se ha aprobado una licencia en contra de los informes del secretario o arquitecto y se actuó conforme a la urgencia y al peligro que podía suponer no hacerlo, pero de la forma "habitual".

 

Entre los testigos, un arquitecto, en calidad de perito, puso de manifiesto que la obra era menor, por lo que no se requería proyecto para la aprobación de su licencia.

 

Además, incidió en que era legal porque se trató de una reconstrucción y no de una obra nueva, que sí hubiera ido en contra de las nuevas normas urbanísticas aprobadas cuando la nave ya existía y en las que se había cambiado la calificación del suelo a residencial periférico y en el lugar se proyectan dos calles.

 

Precisamente esta es una de las cuestiones que sirvieron a la defensa para pedir la absolución, ya que considera que la obra, según la normativa, no exigía la presentación de un proyecto por ser "menor" y además no había informe contrario a ella, de manera que se actuó como ante cualquier otra solicitud. De la misma forma, las defensas destacaron el hecho de que no haya una intención de aprobar una resolución a sabiendas de que es injusta o haya un dolo con la misma.

 

Uno de los abogados incidió también en que los miembros de la Corporación "dicen amén" a las solicitudes porque tienen la confianza puesta en sus técnicos y, si dicen que algo está bien, no tienen capacidad para dudar de ello, por lo que hay "ausencia total" de voluntariedad.