La Audiencia de Valladolid confirma la sentencia que condena al ex alcalde Javier León de la Riva

Javier León, el pasado 29 de mayo cuando conoció la sentencia condenatoria y anunció la presentación de un recurso. A. MINGUEZA

No prospera el recurso presentado por De la Riva a la sentencia que le inhabilitaba para cargo público durante 13 meses por desobediencia en el 'caso de los áticos de Zorrilla'.

"DEJADEZ O DESIDIA"

 

La jueza Evelia Marcos Arroyo observaba en León de la Riva "no sólo la falta de implicación personal, que mantiene la delegación de funciones en la concejala del Área de Urbanismo, sino también la ausencia de comunicación con la autoridad judicial por falta de consideración, dejadez o desidia, pese a que estaba personalmente concernido al cumplimiento de las obligaciones de ejecución impuestas en las distintas resoluciones judiciales" que enumera y detalla en su resolución condenatoria.

 

En el presente caso, la jueza estimó que se dan los dos requisitos del tipo, el objetivo, la existencia de una orden legítima emanada de autoridad competente cumplimento todos los requisitos y que vincule al que la recibe por caer dentro de los deberes de su cargo, así como el elemento subjetivo, la negativa abierta a cumplir y el propósito de incumplir, "algo que se revela de manera implícita por el reiterado actuar del acusado opuesto al acatamiento de la orden, a pesar de los requerimientos personales hechos al mismo".

La Audiencia Provincial de Valladolid ha decidido ratificar la sentencia al ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, condenado en su momento por un delito de desobediencia al incumplir una sentencia que le obligaba a derribar una parte del edificio en el que vive en la plaza de Zorrilla, esquina con la calle de Santiago. 

 

El fallo de la Sección Segunda de lo Penal, del que es ponente el magistrado Miguel Donis, ratifica la condena al exregidor consistente en un año y un mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde o concejal y una multa de 12.600 euros (seis meses a razón de 70 euros el día), junto con el pago de las costas, incluidas las de la acusación popular, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

En la sentencia de primera instancia notificada el 29 de mayo, la titular del Juzgado número 2 de Valladolid, Evelia Marcos, atribuyó la conducta delictiva del condenado a su "interés particular" en el proceso, en su condición de titular de una vivienda (un séptimo A) en el polémico inmueble, y a un "evidente interés profesional" como alcalde, ante el innegable y cuantioso coste económico que la ejecución de la sentencia del TSJCyL en sus justos términos comportaría para el presupuesto municipal.

 

Y es que, a modo de ejemplo, la juez recordó los 416.569 euros iniciales del presupuesto de ejecución de las obras de restitución a la legalidad, a los que se sumarían las millonarias indemnizaciones que habría que abonar a los propietarios de los áticos y las oficinas construidos ilegalmente a partir de unas carboneras y de unas viviendas, respectivamente, "lo que revela que el interés del acusado era más que evidente, y ese interés obstaculizó y retrasó la ejecución de la sentencia de 28 de abril de 2008 del TSJCyL"

 

La condena de inhabilitación le impidió en su momento tomar posesión de su acta como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, una vez celebradas las elecciones municipales en las que su partido ganó pero no con la mayoría suficiente para gobernar, perdiendo de esta forma la Alcaldía en favor del ParSOE gracias a su acuerdo de gobierno e investidura con Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede, que apoyó al socialista Óscar Puente.

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