La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa del borrado de los ordenadores de Bárcenas

Luis Bárcenas

Tres jueces consideran que la decisión de sobreseer la causa se adoptó sin haber practicado ninguna investigación e indican que se desconoce, quien o quienes ordenaron en la sede del PP la destrucción de los discos duros.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias previas en las que se investiga el borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. El procedimiento desapareció después de que fuera archivado en octubre de 2013 cuando aún estaba pendiente de la resolución de recursos.

 

Tres jueces consideran que la decisión de sobreseer la causa se adoptó sin haber practicado ninguna investigación e indican que se desconoce, quien o quienes ordenaron en la sede del PP la destrucción de los discos duros. Tampoco se conocen otros datos básicos como si el partido dispone de un protocolo formal sobre el uso de herramientas informáticas o sobre la confidencialidad de la información almacenada.

 

"Era público y notorio que Bárcenas estaba siendo sometido a investigación penal por graves delitos", dice el auto de la Audiencia que apunta que antes de decidir sobre la causa se debe interrogar al extesorero y consultar los datos que aportó a la Audiencia Nacional en un pen drivey varias carpetas. Así, pide "examinar dicha documentación, contrastarla, y oír a Bárcenas sobre este extremo".

 

El juzgado 32 asumió la investigación cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional consideró que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.

 

NI DAÑO NI ENCUBRIMIENTO

 

Su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi dos años al no apreciar la comisión de delito de daños, debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el extesorero.

 

Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de delito de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.

 

El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados o testigos. El PP alegó que los discos duros habían sido destruídos para garantizar la confidencialidad de los datos que almacenaban debido a su "alto nivel de criticidad".

 

La Audiencia Provincial dice ahora que no comparte estos argumentos y asegura que aunque los ordenadores sean propiedad del PP éstos son "sólo el continente" y que el partido tiene por qué ser dueño de los ficheros electrónicos almacenados salvo que así lo disponga una regulación pactada con sus empleados.

 

Con el análisis contenido en los dispositivos, la Audiencia Nacional pretendía completar y contrastar las declaraciones de Bárcenas sobre la existencia de una contabilidad paralela en el seno del partido.

 

Los magistrados de la Audiencia Provincial recuerdan que el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional considera que existen indicios de que el PP se sirvió "desde 1990 y hasta, al menos, el año 2008" de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal" y que disponía de una contabilidad paralela a la oficial "a moco de cajas B".

 

IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentó la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.

 

La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacia posible.