La Asamblea de Madrid trabaja para regular los macroeventos y aumentar las sanciones de los que infrinjan la Ley

Los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid está trabajando desde hace meses en la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid con propuestas como la regulación de los macroeventos, como el del trágico Madrid Arena de hace un año, y el aumento de las sanciones para aquellos que infrinjan la Ley.

La fiesta de Halloween del Madrid Arena que se celebró hace un año y que terminó con la muerte de cinco menores, fue el impulso para la reforma de esta ley, que aún no se ha empezado a debatir en comisión a pesar de que los populares presentaron su propuesta de reforma en el mes de julio.

En ella proponían un aumento de las sanciones y de las responsabilidades para aquellos que infringieran la ley de espectáculos, unas medidas que coinciden, en parte, con la visión de los demás grupos parlamentarios.

De momento, el Grupo Parlamentario de IU ha presentado una enmienda a la totalidad a la Proposición de Ley (PROPL) del PP, por lo que antes de la designación de la ponencia que estudiará la norma, ésta tendrá que ser debatida en pleno.

Además de esta enmienda al texto de los populares, al igual que los demás grupos parlamentarios de la oposición, IU ha presentado enmiendas parciales. En ellas proponen que el control de acceso a los macroeventos lo realicen personas que se hayan formado en la Academia de Policía u organismos equivalentes.

Asimismo, hacen hincapié en la necesidad de regular los macroeventos. En concreto, quieren que la ley establezca que todo este tipo de eventos tengan "un control automático de aforo que coincidirá con el número de entradas vendido y los pases numerados y entregados", además de medidas de control interno durante su celebración que impidan una concentración de personas en la pista o zona próxima al escenario que exceda su capacidad o aforo.

"DE CARÁCTER EXCEPCIONAL"

El Grupo Socialista también pide regular los macroeventos, que califican de "espectáculos públicos y actividades recreativas singulares de carácter excepcional que prevean un aforo superior a 5.000 personas".

En sus enmiendas, dicen que estos actos se podrán prohibir o suspender, entre otras cosas, cuando se incumpla la ley, no se reúnan las condiciones de seguridad exigibles, no haya licencia o autorización preceptiva o su celebración derive en riesgo grave o vejación para los asistentes y espectadores.

La autoridad podrá suspenderlo "previo aviso a los organizadores", cuando ocurran razones de máxima urgencia" y cuando se aprecie "peligro inminente", esta medida podrá adoptarse "sin necesidad de previo aviso".

Para lograr el cumplimiento de las normas, establecen sanciones que van de los 4.500 a los 900.000 euros. Además, se contemplan clausuras de locales y la inhabilitación de los infractores en función del nivel de la infracción.

Por su parte, UPyD pide que sea el Ejecutivo autonómico el que instruya los expedientes en los que el presunto culpable sea un ayuntamiento "para impedir que éste sea juez y parte" como, a su juicio, ha sucedido en el caso Madrid Arena.

"ENDURECER EL RÉGIMEN SANCIONADOR"

Estas enmiendas parciales están basadas en el texto presentado por los populares en el mes de julio, en el que pedían "endurecer el régimen sancionador" de la Ley, de manera que se puedan establecer "claramente responsabilidades de personas físicas y jurídicas para que no pueda existir ninguna argucia para que personas que dirigen o forman parte de órganos rectores de empresas promotores de espectáculos públicos puedan utilizar otras sociedades para esconderse y seguir promoviendo espectáculos públicos a pesar de estar, posiblemente, in curso en una infracción o inhabilitación".

En su propuesta, los populares contemplan el posible decomiso de los ingresos de la actividad en la que se ha producido una infracción muy grave, de manera que "no se pueda producir un enriquecimiento ilegítimo e injusto como consecuencia de la promoción de un evento en que se han incumplido las normas de seguridad".

Además, las multas pueden llegar a los 600.000 incluso, a los 900.000 euros si afecta a menores. En concreto, las infracciones muy graves se doblan pasando a contemplar una multa de entre 60.001 euros a 600.000 euros y las graves pasan a tener una sanción de entre 4.501 y 60.000 euros.

Entre otras medidas que proponen los populares se encuentra la publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE) y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de la sanción de inhabilitación impuesta cuando la infracción tenga que ver con una concentración masiva de personas en un evento objeto de sanción.

Con todas estas propuestas sobre la mesa, ahora tiene que debatirse en pleno la enmienda a la totalidad de IU y posteriormente se designará a los miembros de la ponencia que serán María Eugenia Carballedo (PP), amparo Valcarce (PSOE), Mauricio Valiente (IU) y Elvira García Piñeiro (UPyD).