La acusación popular en 'Caso PGOU' pide imputar al alcalde y que declaren como imputados otros trece más

Los recursos de las doce personas físicas imputadas y de las acusaciones ha sido elevados a la Audiencia Provincial. 

La acusación popular en el caso de irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU), ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', ha solicitado en su recurso de apelación contra el auto del juez instructor no sólo la imputación del alcalde, Javier León de la Riva, y del concejal Manuel Sánchez, junto con la del empresario Ramón Herrero Merino, de Área Especial S.L, sino también la declaración como imputadas de otra docena de personas.

 

Si en su inicial recurso de reforma -desestimado por el Juzgado de Instrucción 1- el letrado de este colectivo, Carlos Castro, tan sólo pedía la imputación del primer edil, en el de apelación ante la Audiencia Provincial -lo tendrá que resolver la Sección Segunda que preside Feliciano Trebolle- coincide con la Fiscalía al solicitar que sean imputados los tres citados y, a mayores, plantea que el juez instructor tome declaración como imputados a otros doce, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

Entre estos figuran directivos de la Fundación Emilio Álvarez, en relación con la operación urbanística en la calle José María Lacort, y propietarios de terrenos en Arcal Real 54 y la Avenida de Madrid, con motivo de las distintas irregularidades que son objeto de la presente causa.

 

La particularidad de esta última petición es que si la Audiencia Vallisoletana estimara el recurso sería preciso que el juez instructor, José María Crespo, tomara declaración como imputadas a estas doce personas, algunas de las cuales han prestado testimonio hasta la fecha como testigos mientras que otras ni siquiera han sido interrogadas en sede judicial.

 

Lo que sí ha hecho ya el juez instructor es dar traslado de los autos originales de la causa, en total 7.750 folios y numerosas grabaciones de declaraciones, a la Audiencia de Valladolid junto con los catorce recursos de apelación interpuestos contra su auto de fecha 31 de julio para que sea dicho tribunal el encargado de resolver las distintas cuestiones planteadas, algo que, según las mismas fuentes, no se producirá hasta bien entrado el año 2014.

 

En aquel auto de imputación, que ha mantenido invariable hasta la fecha, el juez excluyó al alcalde de Valladolid y en cambio dirigió la causa contra doce personas físicas y cuatro empresas.

 

En concreto, responsabilizó de las alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid al exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; al secretario municipal, Valentín Merino Estrada; al arquitecto Luis Álvarez Aller; al exjefe de Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; a José Luis Cerezo, exjefe de este servicio; a los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y a José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), los tres socios de Grupo Capitol; Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa; así como a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal y al todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza.

 

Junto a ellos, figuraban también como imputadas cuatro empresas: Capitol Promociones, Parkosa, Vallenaba Capitol y Progot.

 

A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, todo ello por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

 

CINCO AÑOS DE INVESTIGACIÓN

 

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos -el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

 

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.