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La Abogacía del Estado se opone a la excarcelación de Miguel Ricart

La Abogacía del Estado se ha opuesto a la excarcelación de Miguel Ricart, condenado en el año 1997 a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, las tres niñas de Alcàsser, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

La Abogacía ya ha presentado su escrito de alegaciones ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, quien este lunes le dio traslado para que se pronunciara en un máximo de 48 horas sobre la posible excarcelación de Ricart, tras anularse la conocida como 'doctrina Parot'.

La Abogacía del Estado ha remitido su escrito antes de finalizar el plazo dado por el tribunal, que concluía este jueves, y en él muestra su oposición a la excarcelación de Ricart, conocido como 'El Rubio', según ha podido saber Europa Press.

Con ello, la Audiencia de Valencia ya dispone de los escritos de todas las partes del proceso --Fiscalía, acusaciones particulares, acusación popular, defensa y Abogacía del Estado--, con lo que ya puede empezar a deliberar sobre la posible excarcelación que, de acordarse, se produciría de forma inmediata.

El ministerio fiscal, en su escrito, no se opuso a la excarcelación del reo --quien actualmente cumple condena en Herrera de la Mancha, en Ciudad Real-- en aplicación a la sentencia europea sobre la conocida 'doctrina Parot'. También consideraba correcta la liquidación de la condena que se aplicó sobre Ricart.

Por su parte, la Asociación Clara Campoamor, acusación popular en el proceso, sí se oponía a la excarcelación de 'El Rubio' y en su escrito solicitaba al tribunal valenciano que requiera a la prisión manchega más información sobre la liquidación de la condena, con el objetivo de poder alargar al máximo la estancia de Ricart en la cárcel.

SIN PRONÓSTICO DE REINSERCIÓN

Sobre este asunto, precisamente este martes, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, reconoció que Ricart no tenía "pronóstico favorable de reinserción" y explicó que este tipo de delincuentes suelen tener buen comportamiento en prisión, porque en el "código carcelario" tienen "enorme rechazo" y "buscan el cobijo de quien por imperativo legal tienen la obligación de protegerlos", es decir, de los funcionarios.

Según comentó, Ricart ha hecho "algún programa" de los que la Administración oferta a este tipo de personas, pero "no existe un pronóstico favorable de reinserción". De hecho, recordó que ha cumplido la mayor parte de su condena en primer grado, el más restringido, y que cuando pasó la segundo grado --aunque limitándosele el acceso a permisos-- fue por decisión del juzgado de Vigilancia en contra del criterio de la administración.

Ricart fue la única persona condenada por el asesinato de Miriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, las niñas de 14 y 15 años que desaparecieron en noviembre de 1992 y cuyos cuerpos fueron localizados en el paraje de La Romana el 27 de enero de 1993. El otro considerado autor de este suceso, Antonio Anglés, huyó y figura en paradero desconocido desde entonces.