Juzgan a un funcionario de la Seguridad Social por acceso ilegal a datos de personas y empresas

Modificó la dirección del jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 47/203 para evitar que le llegaran multas de tráfico. 

La Audiencia de Valladolid juzga este martes a un funcionario de la Administración de la Seguridad Social, Francisco José G.P, quien entre 2008 y 2009 accedió a numerosos datos de personas y empresas sin justificación alguna y sin que ello respondiera a la tarea propia que tenía encomendada.

 

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública considera que los hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y solicita para el funcionario una pena de veinticinco meses de prisión y una multa de 3.240 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

El procesado efectuó entre los meses de agosto de 2008 y julio de 2009 un total de 8.936 transacciones informáticas con su usuario relativas a afiliación, empresas y otros, como vida laboral, accediendo a los datos de particulares y empresas existentes en las bases de datos de la Seguridad Social, sin que tales consultas, a juicio de la Fiscalía, tuvieran relación alguna con las tareas funcionariales que tenía encomendadas.

 

Y es que como jefe de Negociado le correspondía el control de registro de entradas y salidas de oficios, el trámite de gestión de desplazamientos al extranjero y la emisión de certificados de cotización de profesionales taurinos, sin que las consultas de datos llevadas a cabo, en particular las muy numerosas efectuadas sobre afiliados no adscritos a la provincia de Valladolid, estuvieran justificadas.

 

Por tal motivo, la acusación pública sostiene que dichas operaciones respondieron a motivos no determinados, de interés particular, carentes de relación con su cometido como funcionario, entre las que se cita como ejemplo el haber accedido a los datos del jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 47/03 para, como un favor o servicio por razón de amistad, modificar la dirección del domicilio, a fin de dificultar la notificación a éste de posibles sanciones administrativas de tráfico.