Justicia garantiza que ningún medio de comunicación será sancionado si publica informaciones de sumarios secretos

Alberto Ruiz Gallardón

El Ministerio de Justicia no contempla adoptar ninguna medida en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal tendente a sancionar al medio de comunicación que publique información que esté bajo secreto de sumario.

El departamento, que en octubre llevará este redactado al Consejo de Ministros, ha explicado que el texto no adoptará ninguna medida contra los informadores, siempre y cuando su publicación no colisione con el derecho a la intimidad o al honor de los ciudadanos con la publicación de informaciones que puedan considerarse "difamantes".


En ese caso, han destacado que la regulación actual ya da potestad al juez para que resuelva el conflicto entre estos derechos y el de la libertad a la información consagrados en la Constitución. Entre las medidas dirigidas a "no perturbar" las actuaciones sumariales de las que ha hablado el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, han aludido a la limitación de la duración de las causas declaradas secretas.

Gallardón ha asegurado en los pasillos del Congreso que no acotará el derecho fundamental a la libertad de información, aunque sí establecerá "medidas" para "limitar" en "lo máximo posible" cualquier "tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales".

"Nosotros tenemos que adoptar medidas, lo haremos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dirigidas a limitar lo máximo posible cualquier tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales", ha aseverado Gallardón, para insistir en que, "en ningún caso, se establecerá ninguna medida limitadora del derecho a la información".

En el Foro de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el titular de Justicia calificó este martes de "preocupante" que la resolución final adoptada por los jueces o los jurados populares pueda verse "condicionada" como consecuencia de un "prejuicio formado por la opinión pública" durante la fase de instrucción o en la celebración del juicio.

"Solicito que se piense también en los derechos de los ciudadanos imputados, encausados y defendidos. Tenemos que pensar en ellos. La tutela judicial efectiva puede verse severamente perturbada si esa opinión pública es capaz de trascender en la conformación de un prejuicio que puede modificar una resolución", dijo.

PROPUESTA DE LOS EXPERTOS

La propuesta del nuevo Código Procesal Penal fija un plazo máximo de doce meses para mantener secreta la investigación y recoge que el tribunal podrá acordar, "previa ponderación de los intereses en conflicto", el cese de la difusión cuando un medio la divulgue, siempre y cuando pudiera comprometer "gravemente" el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados.

La propuesta de la comisión institucional dedica un capítulo específico a la 'Publicidad de las actuaciones' en el que regula la presencia de los medios de comunicación en el juicio, la información del proceso o la prohibición "excepcional" de revelar determinadas informaciones cuando es necesario para preservar el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes, entre otros motivos.

En este último apartado, se contempla la posibilidad de que "si se difundiere públicamente por cualquier medio información sobre el proceso, con vulneración del secreto de las actuaciones o en su caso de los deberes de sigilo y reserva previstos en este Título, el Tribunal de oficio o instancia del Ministerio Fiscal podrá acordar, previa ponderación de los intereses en conflicto el cese de la difusión, siempre que esta pudiere comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados".