JpD cree que al Gobierno le interesa la falta de medios contra la corrupción y "asfixia" con los recortes

Joaquim Boch (i) y Miguel Ángel Martín (d)
Lamenta que un político corrupto pueda tener penas de multa y un 'top manta' para poder sobrevivir incluso ir a la cárcel Considera que el problema de la corrupción no está bien contemplado y hay sensación de impunidad
Lamenta que un político corrupto pueda tener penas de multa y un 'top manta' para poder sobrevivir incluso ir a la cárcel

Considera que el problema de la corrupción no está bien contemplado y hay sensación de impunidad

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, considera que al Gobierno le interesa la falta de medios para luchar contra la corrupción, que no quiere un poder judicial "fuerte y con instrumentos" y una manera de debilitarlo es "asfixiar" en los recursos materiales y humanos.

Bosch se ha expresado así tras la celebración del Comité Permanente de la asociación en el marco de unas jornadas sobre la posición del poder judicial ante la crisis.

En este marco, el portavoz de JpD ha asegurado que el Gobierno "sabe perfectamente" que en los juzgados no existen medios suficientes para combatir la corrupción y a pesar de ello no se asignan las medidas de refuerzo ni instrumentos necesarios para atajar el problema.

De esta forma, la conclusión que extraen es que "al Gobierno no le incomoda un poder judicial débil, incapaz de poder afrontar determinadas investigaciones", pero además se llevan a cabo reformas que "debilitan" la posición de los jueces y se permite que el poder político pueda actuar "contra la independencia del poder judicial".

"Es una combinación explosiva, con instrumentos muy precarios y una posición del juez frágil por los ataques que le puedan venir del poder político", ha indicado Bosch, en referencia a los recortes en materia de Justicia pero también la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que pretende "subordinar" la independencia judicial al poder político, algo que cree que permitirá poder actuar contra la independencia de los jueces y, en última instancia, dificultar la lucha contra la corrupción.

A su juicio, se pretende "erosionar" la capacidad de independencia al no dar medios contra la corrupción como ocurriendo con los juzgados que llevan asuntos de este tipo. Como ejemplo ha citado el caso Fabra, que en Castellón lleva casi diez años de instrucción y los juzgados de Nules no pueden tramitar una causa de esa envergadura sin medios suficientes o las actuaciones sobre Bankia, que tiene decenas de imputados, perjudicados.

"Si un gobierno tiene una responsabilidad lo suficientemente elevada y una altura de miras institucional debe facilitar todos los medios para que estas cosas se aclaren", ha añadido Bosch, quien incluso cree que se "facilita" que no haya unas sentencias adecuadas.

"Creo que hay relación, al menos indirecta, entre recorte de medios por parte del Gobierno y que el resultado final sea que no haya bastante capacidad en los casos de corrupción", ha dicho.

TRATO DE LA CORRUPCIÓN

En esta línea, y ante la sensación de "impunidad" que pueda apreciarse al ver a personas como el ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la calle, Bosch ha recordado que hay una investigación en marcha y se van a realizar diligencias, pero cree que "efectivamente no hay tratamiento adecuado a los problemas de corrupción política".

"No es admisible que un inmigrante que coloca el top manta para poder sobrevivir tenga previstas posibles penas de prisión y el político corrupto que engaña, sustrae, perjudica al conjunto de la sociedad, en ocasiones pueda tener pena de multa", ha aseverado.

A que el problema de la corrupción en España no esté bien contemplado, ni desde el punto de vista de los medios ni de las condenas, se añade, a su juicio, que se pueda "indultar con tanta facilidad" que la percepción de la ciudadanía es sensación de impunidad.

A diferencia de lo que ocurre en España, ha recordado que en otros países también hay corrupción pero la diferencia es que, aunque sea menor el grado, se persigue y se condena.

"Aquí la sensación es que la gente va por la calle como si no hubiera ocurrido nada porque hay un código penal que contempla penas muy duras en algunos supuestos, ha dicho, al tiempo que ha añadido "en tono humorístico" que la "especie de cadena perpetua" que dice Gallardón que quiere implantar "no es precisamente para los políticos corruptos".

Frente a la falta de endurecimiento de las penas para los casos de corrupción política y económica en la futura reforma del Código Penal, Bosch considera que se "criminaliza la pobreza", los robos de pequeña entidad, contra top manta o determinadas conductas delictivas.

CUESTIONADO EL ESTADO DE DERECHO

El portavoz de Jueces para la Democracia ha asegurado que en el encuentro de la asociación se han extraído conclusiones como el hecho de que las medidas del Gobierno pongan en cuestión el Estado de Derechos y ha puesto varios ejemplos, entre ellos el "uso abusivo" de los indultos que se produce a políticos corruptos, policías que han torturado o ciudadanos condenados a muchos años de prisión por homicidios imprudentes.

El colectivo considera que en estos casos el gobierno "usurpa" las funciones del poder judicial y se "convierte en última instancia no autorizada", al no explicar las razones y motivos por los que se producen los indultos, algo que vulnera lo previsto en la Constitución sobre la competencia exclusiva de los juzgados para hacer cumplir la ley y hacer efectivas las condenas.

De esta forma, cree que además de la sensación de impunidad y la falta de igualdad ante la ley, se transmite que un "amiguismo o proximidad" al Gobierno permite no cumplir las condenas.

Tras la reunión del colectivo, Bosch ha hecho un repaso por lo que consideran ha sido la labor del Gobierno, que se inició con una andadura "con una política muy decidida de desmantelamiento del Estado social" y ahora hay una "segunda etapa" que supone la erosión del Estado de Derecho, que supone un "cambio cualitativo muy importante".

Así, ha recordado que en esa primera etapa se realizó una reforma laboral "de dudosa constitucionalidad", se atacaron "con dureza" los derechos sociales y los servicios públicos pero además no se adoptaron medidas de protección para los afectados por las hipotecas mientras sí se mantuvieron los privilegios legales de las entidades bancarias, al tiempo que se acordó el rescate de la banca, lo que acentuó "todavía más" las desigualdades sociales.

El último objetivo del Gobierno en el "desmantelamiento de lo público", ha añadido, se refiere a la Justicia con la privatización de los registros civiles, cuyas competencias se van a trasladar a los notarios, registradores de la propiedad y registros mercantiles de manera que "lo que hoy es gratuito y público" suponga su pago.

La segunda etapa, ha explicado, cuestiona aspectos que hasta ahora no eran "discutibles" del Estado de Derecho como la Ley de Tasas Judiciales, "que privatiza la Justicia pero ataca el derecho fundamental de los ciudadanos a poder acceder a la jurisidicción". Por ello, han acordado pedir a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso de inconstitucionalidad.

Según el portavoz de Jueces para la Democracia, "en muy pocos meses se han producido las mayores restricciones de derechos fundamentales de toda la etapa democrática".