Javier Iglesias y Jesús María Ortiz, al juzgado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias

Javier Iglesias, presidente de la Diputación, y Jesús María Ortiz, diputado de Ferias.

El presidente del PP salmantino y de la Diputación de Salamanca y su diputado de Ferias y Mercados deberán testificar ante el juez el próximo 16 de octubre por la supuesta contratación ilegal de trabajadores 'a dedo' en Agromaq en los años 2011 y 2012, fruto de una querella presentada por el PSOE de La Salina.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca ha admitido a trámite una querella presentada por al Grupo Socialista de la Diputación en la que se acusa al presidente del Partido Popular salmantino y de la Diputación, Francisco Javier Iglesias, y su diputado de Agricultura, Ganadería, Ferias y Mercado Regional de Ganados, Jesús María Ortiz, de los delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias.

 

El motivo es la supuesta contratación ilegal 'a dedo' de varios trabajadores para la feria Agromaq durante los años 2011 y 2012. Los trabajadores, además de haber sido contratados de forma irregular, pertenecerían al Partido Popular, por lo que se presume el delito de tráfico de influencias. Aquellas contrataciones supusieron además el despido de otros trabajadores para situar a estos en su lugar mediante despidos improcedentes, lo que habría causado un importante perjuicio a las arcas de IFESA (Institucion Ferial de Salamanca), lo cual recae presuntamente en el delito de malversación. Y en último lugar, las decisiones se tomaron por ambos saltándose a conciencia los procedimientos administrativos legales, lo que es el principal argumento para la acusación de prevaricación.

 

El juez, advirtiendo inicialmente un posible delito de prevaricación, ha dado orden de comenzar los trámites de diligencias previas y tanto Francisco Javier Iglesias como Jesús María Ortiz, han sido llamados a declarar el próximo día 16 de octubre, a la 9:30 y 10:00 horas, respectivamente. Ese mismo día comparecerán, además, varios testigos propuestos por el denunciante, el PSOE de la Diputación, cuyos integrantes en su totalidad firmaron la querella presentada a finales del pasado mes de julio.

 

Según relata la demanda, todos los delitos que imputan a Iglesias y Ortiz son derivados de la contratación, y del procedimiento utilizado para tal fin, del personal eventual necesario para el montaje, preparación, limpieza y desmontaje en la naves y carpas de IFESA durante la celebración de Agromaq en los últimos ejercicios. Así, el PSOE denuncia que en 2011 varias órdenes enviadas por escrito por el diputado de Ferias y Mercados al gerente de IFESA, ratificadas posteriormente por el presidente de la Diputación, notificaban el nombre de 3 trabajadores que debían ser contratados para ejercer esas labores en Agromaq. 

 

Se debía, entonces, despedir a tres de los cinco trabajadores fijos-discontinuos que durante los últimos 5-8 años habían realizado esos trabajos, y sustituirlos por otros cuyas referencias laborales se desconocían. Gerente y técnicos de IFESA advirtieron a Ortiz de la improcedencia de esas contrataciones 'a dedo', pero éste hizo caso omiso. Y todo ello apenas una semana y media antes del inicio de la Feria de aquel año y sin someter la decisión al Comité Ejecutivo de la institución ferial como era preceptivo.

 

Casualmente, los nuevos contratados, Lucas Rivas Martín, Ignacio González Ocejo y Luis Ángel Martín García, mantenían según reza la querella "una manifiesta y comprobada vinculación política al Partido Popular, partido que gobernaba entonces y gobierna en la actualidad la Diputación de Salamanca". Como muestra, se indica que Lucas Rivas Martín "ha sido alcalde de la localidad de Palacios el Arzobispo durante los años 2003 a 2011 por el Partido Popular, siendo actualmente concejal por el mismo partido. Por su parte, Luis Ángel Martín García es concejal por el Partido Popular en la localidad de Serradilla del Arroyo".

 

Pero el PSOE va un pasó más adelante en su denuncia y argumenta que, si aquel año la irregularidad fue grave y cargó serios problemas sobre IFESA, el año siguiente, en 2012, Iglesias y Ortiz deciden adjudicar las labores de montaje y desmontaje de carpas, y otros trabajos vinculados a una empresa concesionaria, vía Decreto de Presidencia. El resultado es el despido de otros dos de los trabajadores peones que aún mantenían su puesto, y su sustitución por otros dos, igualmente cargos del PP o familiares directos. Se trata de Rafael Moro García y Lino Hernández Martín, concejal por el PP de Alconada el primero y concejal del municipio de Rágama el segundo. En la terna de los 5 peones en 2012 Ignacio González Ocejo ya no repite y es sustituido por Mario Palencia, al que el PSOE identifica como "familiar político del alcalde de Alba de Yeltes".

 

Los socialistas, en su querella, consideran el nuevo procedimiento utilizado en 2012 "claramente más arbitrario, enrevesado y urdido, toda vez que se dispone de una empresa adjudicataria como pantalla para parapetar tales actuaciones que, en todo caso, tienen idénticas consecuencias que en el año 2011".

 

El resultado de las acciones del presidente de la Diputación, Javier Iglesias y su diputado de Ferias y Mercados, Jesús María Ortiz, acarrea para IFESA según recoge la querella socialista diferentes tipos de perjuicios y por tanto los tres delitos denunciados serían de:

 

PREVARICACIÓN: contra el Presidente de la Diputación y su diputado por tomar decisiones con plena conciencia en las que resuelve o adopta una decisión careciendo de toda competencia al respecto, y al margen de todo procedimiento.

 

MALVERSACIÓN: contra Iglesias por los perjuicios económicos para IFESA y la Diputación de Salamanca inferidos de sus decisiones, toda vez que las contrataciones realizadas por el presidente del PP salmantino en su condición de máximo responsable de la Diputación supusieron el enriquecimiento, con cargos a fondos públicos, de personas afines y vinculadas al partido político del que forma parte

 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS: contra Jesús María Ortiz por la contratación, haciendo uso de sus cargos, de personas relacionadas con su formación política. El tipo penal establece este delito para "aquel funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero",

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