IU presenta alegaciones contra la instalación de antenas de telecomunicación en edificios residenciales

Dichas alegaciones son contra la modificación de los artículos 297, 298 y 397 del Plan General de Ordenación Urbana.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado este martes alegaciones a la modificación de los artículos 297, 298 y 397 del Plan General de Ordenación Urbana vigente, con la que el Ayuntamiento de Valladolid pretende "facilitar el servicio público de telecomunicación en edificios de uso residencial".

 

Según han apuntado fuentes de IU en un comunicado recogido, esta modificación parcial fue aprobada en el Pleno del 9 de abril con los únicos votos favorables del Partido Popular y "debería retirarse por diferentes motivos".

 

En primer lugar, IU alega que la modificación no atiende la sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo de fecha de 9/6/2012, en la que se declara "nula de pleno derecho" una modificación del año 2006 con el mismo calado que la propuesta que ahora ha aprobado el Ayuntamiento de Valladolid.

 

En esa sentencia, según Izquierda Unida, el Tribunal afirma que dicha modificación "debería haberse sometido a evaluación de impacto ambiental por sus posibles efectos sobre el Medio Ambiente, debido a los riesgos que para la salud humana entraña la instalación de infraestructuras de los servicios de telecomunicación".

 

En segundo lugar, IU entiende que "no es razonable que el Ayuntamiento fundamente el mantenimiento del servicio de antenas ilegales con la excusa de que aportan un servicio esencial para la ciudadanía". IU recuerda que un planteamiento preventivo que promueva restricciones en la ubicación de estaciones de telefonía móvil o en la forma e intensidad de sus emisiones no lleva aparejado "en absoluto" la conculcación del derecho o el servicio a de comunicaciones.

 

En tercer lugar, IU ha alegado que la modificación del PGOU "no tiene en cuenta el principio de precaución en la protección de la salud de las personas". Lo cual defienden que viene fundamentado por las frecuentes llamadas al "principio de precaución que, en relación a la actividad de las estaciones bases de telefonía móvil, han hecho diferentes instituciones y organismos nacionales e internacionales como el Procurador del Común de Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia de CyL, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, la Organización Mundial de la Salud o el propio Tribunal Supremo de España".