IU dice al Gobierno sobre el cierre de Lauki y Dulciora: "que negocien o devuelvan ayudas"

IU-Unidad Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para exigir al Gobierno que se implique en las negociaciones con las empresas Lauki y Mondelez.

IU-Unidad Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para exigir al Gobierno que se implique en las negociaciones con las empresas Lauki y Mondelez, que han anunciado el cierre de sus plantas en Valladolid, y que, si no puede evitar esa decisión empresarial, les reclame las ayudas públicas que hayan recibido por el mantenimiento de su actividad.

  

En la iniciativa, que recoge Europa Press, la coalición de izquierdas recuerda que están en juego más de 300 puestos de trabajo directos en la provincia vallisoletana además de otros muchos de carácter indirecto, comenzando por los ganaderos que venden la leche a Lauki.

  

Además, IU considera que los cierres son "premeditados" para deslocalizar la producción a países más rentables pese a que su actividad en España es rentable, y apela a documentación interna de ambas empresas en las que se felicita a las plantillas por cumplir objetivos y mantener sus índices de competitividad.

 

APOYO A LOS AFECTADOS

  

En estas circunstancias, IU-Unidad Popular pretende conseguir que el Pleno del Congreso manifieste su apoyo a los trabajadores de ambas empresas y que solicite a sus matrices -Lactalis y Mondelez International-que "reconsideren su decisión" de cerrar las plantas de Valladolid.

  

En el supuesto de que dicha decisión no fuera reconsiderada, se emplaza al Ejecutivo a "iniciar los trámites oportunos con carácter inmediato para la devolución de las ayudas que dichas empresas hubieran recibido para el mantenimiento de su actividad empresarial, si ello fuera legalmente posible".

  

Igualmente, cree que el Gobierno debe trabajar "coordinadamente" con otras administraciones europeas, autonómicas y locales para garantizar la continuidad de estos centros de trabajo, y que debe iniciar los trámites para derogar la reforma laboral de 2012, a la que responsabiliza de que esta situación sea posible.