Investigan facturas al secretario general de Emigración en la supuesta financiación ilegal del PP de Ourense

Amplía la petición de datos de facturación al ver "refrendadas" las afirmaciones del exgerente por la documental ya aportada por 2 empresas


SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

La jueza instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara, ha emitido un nuevo auto para recabar más documentación a una televisión local y dos agencias de publicidad con las sospechas --que reitera y ve "refrendadas"-- de que el PP de Ourense "se habría podido financiar ilícitamente a través de un elaborado sistema de facturación falsa y ficticia" utilizando para ello a estas tres empresas.

En concreto, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, a la agencia Pla&Nos (Gallega de Publicidad & Diseño) le pide que facilite las facturas emitidas desde el año 2005 hasta la actualidad de una veintena de dirigentes del PP ourensano, entre los que se encuentran el actual secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Roberto Castro.

En la relación de facturas que demanda a esta empresa están también los diputados Enrique 'Poly' Nóvoa y Marta Rodríguez-Vispo; el actual presidente provincial, José Manuel Baltar Blanco; y su padre y antecesor al frente de la Diputación, José Luis Baltar Pumar; así como el vicepresidente de la Cámara, Miguel Santalices.

También incluye a otros dirigentes populares como Mónica Mourelo Pérez, Francisco Javier Rodríguez Novoa, José Luis Sousa López, Eloína Núñez, José Araújo Fernández, Belén Iglesias Cortés, José Mario Guede González, Aurelio Gómez Villar, Odilo Masid, Francisco Carlos Campos Sanmartín, Noelia Pérez, Amparo González y María Luisa Valladares.

De todos ellos se pide, igualmente, que se especifique de forma detallada los encargos realizados, así como la identificación de quienes lo formulasen aportando las hojas de encargo de los pedidos, así como los medios de pago y sus justificantes.

A la empresa Telemiño, del Grupo La Región, le solicita también las facturas emitidas desde el año 2005 hasta la actualidad de Miguel Ángel Pérez de Juan y Pilar Montserrat Caride González, así como hojas de encargo de pedidos y, en el caso de que se trate de campañas de publicidad, que se faciliten copias de los trabajos.

Sobre esta cuestión, al margen de reiterar su voluntad de cooperar con la Justicia, Telemiño se ha remitido a las explicaciones que ya había aportado ante la primera petición de De Lara, cuando afirmó que la documentación entregada prueba que "jamás" participó en ninguna operación de financiación "de partido alguno", ni emitió facturas "falsas o ficticias".

AFIRMACIONES "REFRENDADAS"

Sin embargo, en su nuevo auto De Lara incide en que las afirmaciones realizadas (así como la documentación aportada) por el exgerente del PP de Ourense Emilio Pascual se han visto "refrendadas" por la documental aportado por las empresas Telemiño y Planos; al tiempo que añade que esta documental "todavía es incompleta" pues falta "facturación por aportar".

"Así resultaría que tal y como señaló el señor Pascual, los gastos electorales del PP (fundamentalmente los relacionados con la publicidad), a fin de no superar el límite legal establecido serían facturados a nombre de diversas personas jurídicas, así como a nombre de diferentes personas físicas que ostentan cargos dentro del PP, debiendo de analizarse la forma de tales facturas y los conceptos", señala la jueza.

No en vano, sospecha que a través de este procedimiento "se podría estar burlando la legislación electoral y de financiación" de partidos, además de implicar "un presunto delito de falsedad documental", ya que, "según afirmó el testigo", la referida facturación en años electorales era abonada "no por los candidatos, sino por el propio partido, generalmente en efectivo y no se reflejaba en la contabilidad oficial del mismo".

TERCERA EMPRESA

Al margen de Telemiño y Pla&Nos, a las que De Lara ya citaba en su anterior auto, alude en el nuevo a un informe de Vigilancia Aduanera en el que, a partir del año 2011, se da a entender que se pudo seguir con "idéntico sistema" utilizando a otras empresas, entre las que se encontraría Nacher Publicidad.

En concreto, las informaciones recibidas, continúa De Lara, remarcan que en el año 2011 esta empresa habría emitido facturas "presumiblemente por gastos de publicidad a nombre del actual portavoz local del PP de Ourense, Rosendo Fernández, y del diputado estatal Guillermo Collarte.

EMPRESAS Y DATOS FISCALES

Del mismo modo, la jueza también requiere a Aquagest, Financiera y Comunicaciones Coruñesa, Procedimiento de Aseo Urbano, Grupo Europeo Servicios Doal y Extraco para que se faciliten facturas recibidas desde 2003 hasta la actualidad remitidas por Plan&Nos y Telemiño.

Por último, se autoriza a Vigilancia Aduanera para utilizar los datos informáticos fiscales de las Bases de datos de la Agencia Tributaria, así como de los documentos fiscales existentes en los archivos de dicho organismo relativos a la actividad económica y fiscal de Pla&Nos, Nacher y la televisión local Telemiño.

LEVANTAMIENTO DE SECRETO

Además, en otro auto al que ha tenido acceso Europa Press, emitido el pasado 12 de diciembre, la jueza ordena levantar el secreto sobre todas las actuaciones relativas al exconcejal del PP en Santiago Albino Vázquez Aldrey en el sumario de la Operación Pokémon.

De este modo, la instructora da cumplimiento al mandato de la Audiencia Provincial de Lugo que, el pasado 13 de octubre, le daba un plazo máximo de dos meses para levantar el secreto en lo relativo al exedil tras estimar parcialmente su recurso.

Así las cosas, son unos 80 folios repartidos en tres tomos los que serán puestos a disposición de las partes dentro de una de las causas derivadas de la trama Pokémon, la Operación Manga.

En concreto, Albino Vázquez fue detenido el 13 de febrero de 2013 por los delitos de cohecho, relevación de información privilegiada y tráfico de influencias, y salió de la coruñesa cárcel de Teixeiro después del pago de una fianza de 15.000 euros.

Tras estos hechos, el día 16 del mismo mes renunció a su acta como concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Servicio de la grúa y de la ORA en Santiago, a su escaño en la Diputación de A Coruña y a su militancia en el PP.