Imputado por presunta falsedad y fraude un edil del PSOE de Roquetas en el marco de la 'operación Edu'

Juan Fernando Ortega ha quedado en libertad junto a su exmujer, su hija y una profesora de una de sus academias.

El concejal del PSOE en Roquetas de Mar (Almería) y empresario Juan Fernando Ortega figura entre los imputados en la segunda fase de la 'operación Edu' que desarrollan este martes efectivos de la UDEF de la Policía Nacional en hasta tres provincias andaluzas, junto a su exmujer, su hija y una profesora de una de las dos academias de la que figura como administrador.


Ortega Paniagua está imputado por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones públicas y fraude a la Seguridad Social y ya ha sido puesto en libertad tras personarse ante los agentes encargados de la investigación bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción 4 de Almería, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

El político y empresario se ha mostrado dispuesto a declarar en sede policial aunque finalmente no lo ha hecho al desconocer el contenido de las actuaciones, que se encuentran bajo secreto. En concreto, la jueza instructora dictó auto el 9 de enero por el que prorrogaba por séptima vez esta medida al considerar que su levantamiento podría ser "perjudicial" para las pesquisas en torno a presuntas irregularidades en subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cursos de formación en 2010 y 2011 en la provincia.

También ha sido puesto ya en libertad la exmujer, la hija y la profesora citados junto a Ortega Paniagua, a quien se investiga por las subvenciones recibidas por las academias Ormar Informatic SL e Infosol SL.

Fuentes del caso han indicado a Europa Press que la que ha comenzado este martes es la primera fase de la que se denomina operación 'Edu Costa' y se va desarrollar con actuaciones como registros domiciliarios y de empresas de Cádiz, Málaga y Almería hasta el día 13. La segunda fase, según han precisado, comenzará el día 16 y tiene previsto culminar el día 20.

El secreto de actuaciones se ha estado prorrogando a la espera de que se incorporase a la causa el informe oficiado a la UDEF, que hace aproximadamente culminaba con la ronda de entrevistas a profesores y alumnos de los centros de formación bajo sospecha.

La última decisión, al margen de las prórrogas de secreto de sumario, de la magistrada María del Mar Cruz en el marco de este procedimiento fue aceptar que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se personase como parte en el procedimiento, aunque rechazaba entonces dar traslado de lo actuado hasta el momento debido al secreto que pesa sobre la causa.

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas en junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial al estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentan características que hacen "presumir la posible existencia de infracción penal".

La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más "depurada valoración jurídica", que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

En su denuncia, solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realice "una investigación profunda y detallada de los hechos" en relación a la provincia de Almería, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

El Ministerio Público indicaba entonces que en el testimonio de particulares remitido desde la Fiscalía de Málaga se incluye un informe de la UDEF "en el que se da cuenta de irregularidades detectadas" en la obtención de subvenciones "por parte de determinadas personas físicas y empresas" en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE".

Remarcaba que "en la mayoría" de los beneficiarios de las subvenciones se producen "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación sobre subvenciones establece al efecto y señala, "como más destacadas", el incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".

La Fiscalía Provincial detallaba en su denuncia, asimismo, que, en un segundo informe de la UDEF, "se alude a que irregularidades similares a las detectadas en la provincia de Málaga se han producido en la provincia de Almería", aunque matizaba que "no se realiza una investigación profunda y detallada".

Sí hacía mención a que en el citado informe se citan "varias" empresas en las que se "han detectado diversas irregularidades" y recogía cuatro en concreto: "Quintaeventos S.L.; Ormar Informatic S.L.; Inmecamar S.L.; y Academia Infosol S.L.". El Ministerio Público interesó, además de la incoación del procedimiento penal que se incorporase a la causa el testimonio de particulares de las diligencias de investigación penal de la Fiscalía de Málaga.
 

 

Noticias relacionadas