Gómez de Liaño espera que no se haga "justicia en plaza pública" al alcalde por el 'Caso Arroyo'

El abogado defensor de José Manuel Méndez confía en "el prestigio y la experiencia" del Tribunal que juzgará al alcalde de Arroyo a partir del próximo 9 de julio. Gómez de Liaño cree necesario que la expectación levantada no perturbe "la paz y el sosiego que necesitan los jueces".

Javier Gómez de Liaño, el abogado defensor del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, cuyo procedimiento judicial comienza el próximo martes 9 de julio, dentro del denominado Caso Arroyo, se encuentra “confiado en la justicia” y cree que es importante que se tomen medidas para evitar “un juicio paralelo”. “Me parece bien el interés demostrado por el Tribunal para que no se pueda hacer justicia en plaza pública”, ha asegurado en declaraciones a tribunavalladolid.com.

 

El que fuera conocido juez, cree que “el interés que este juicio ha suscitado en los medios de comunicación y en cierto sector de la ciudadanía de Castilla y León” no tiene que provocar una “perturbación de la paz y el sosiego que necesitan nuestros jueces”. Gómez de Liaño confía en la “experiencia” y en el “prestigio” de los magistrados que dirigirán el proceso.

 

Para el abogado defensor de José Manuel Méndez la actitud del alcalde de Arroyo es intachable. “Nuestro principal objetivo es demostrar que su comportamiento como alcalde se ha adaptado a la legalidad”, añade Gómez de Liaño, quien considera “un honor” que el alcalde confíe en sus servicios y avisa que defenderá “con orgullo en lo que creo”.

 

Por último, el abogado dice que desde el punto de vista jurídico, “no hay nada que sorprenda en este juicio”. Incluso Gómez de Liaño lo califica de “un procedimiento poco complejo”, que consta de 8 tomos y unos 7.000 folios. El proceso, que se retrasó por problemas de agenda de alguno de los abogados defensores, comenzará el próximo martes y se prolongará hasta el día 18.  

 

José Manuel Méndez, alcalde de Arroyo, se enfrenta a dos delitos de cohecho, dos de prevaricación y uno de malversación; para el que se solicita diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercicio de cargo público por un periodo de 27 años y pago de multas que superan los 535.000 euros.

 

En el banquillo también se sentarán Jesús García Galván, ex delegado territorial de la Junta; Ramón López y José Presas, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L.; Buenaventura Conde, arquitecto municipal de Arroyo y María Iluminada Miguel, apoderada del Grupo Mahía en Valladolid. En total, el Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y multas por un total de más de dos millones de euros para los seis imputados.

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