Tribuna mini Saltar publicidad
Cartel definitivo iberian file

Gómez de Liaño basa las pruebas del 'Caso Arroyo' en meras "sospechas, rumores y suposiciones"

Solicita un fallo absolutorio para los seis encausados y recuerda que toda condena debe cimentarse en certezas y no en verosimilitudes. 

El letrado Javier Gómez de Liaño, defensor del alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, en el juicio de presunta prevaricación urbanística, cohecho y malversación en que el munícipe comparte banquillo con otras cinco personas, tres de ellas de la promotora gallega Mahía, ha solicitado un fallo absolutorio para los seis acusados al considerar que todo el proceso se alimenta únicamente de "sospechas, rumores, suposiciones y elucubraciones".

 

En el octavo y último día del juicio en la Audiencia de Valladolid, donde el denominado 'Caso Arroyo' ha quedado visto para sentencia, el mediático abogado ha instado al tribunal a cimentar su fallo en la "certeza, no en la verosimilitud", circunstancia esta última que, en su opinión, ha guiado a las acusaciones y ha llevado a ambas a solicitar penas que suman 34,5 años de prisión para los acusados por montar una supuesta trama en la que Mahía habría visto facilitada su expansión en el municipio a cambio de regalos o dádivas a políticos.

 

Su intervención, de más de hora y media, se ha caracterizado por los reproches realizados a la acusación pública por dejar al margen la razón e "intentar criminalizar todo lo relativo al municipio de Arroyo", al tiempo que ha apuntado que el fiscal "ha sido la primera víctima de un guión escrito por otros", en referencia a que se ha dejado guiar en este proceso por la acusación popular y, sobre todo, por un testigo "falso y corrompido" como Manuel Gómez Maroñas, exsocio de Mahía y enfrentado en distintos procesos con el presidente del grupo, Ramón López Casal.

 

Respecto de este testigo, el desde hace unos días también defensor de Luis Bárcenas ha pedido a la sala que tome su testimonio como el aportado por alguien inmerso en una "alocada carrera de venganza" contra sus exsocios Ramón López Casal y José Manuel Presas Zobra y en la que no ha tenido reparo alguno en tratar de llevarse por delante a cuantos haga falta, en referencia a la apoderada de la mercantil en Arroyo, María Iluminada Miguel Fernández; al arquitecto municipal, Buenaventura Conde; al alcalde y cliente, José Manuel Méndez, y al exdelegado de la Junta, Jesús García Galván.

 

Gómez de Liaño, tras explicar que decidió hacerse cargo de la defensa de Méndez convencido de su inocencia, ha rechazado que los 180.000 euros en concepto de préstamo y el piso en Villagarcía de Arosa por valor de 87.400 euros percibidos por su patrocinado en 2001 y 2004, respectivamente, fueran un regalo de Mahía -está imputado por dos delitos de cohecho- por favorecer su expansión urbanística en Arroyo y, en tal sentido, ha recordado que ambos importes fueron pagados y quedaron registrados en la contabilidad de la empresa.

 

También ha negado la comisión de dos delitos de prevaricación urbanística imputados al alcalde por operaciones en los denominados SAU-9 y SAU-13 de la localidad, fundamentalmente porque las acusaciones no han podido probar que la toma de decisiones se efectuara sin previos informes técnicos y sin respetar el procedimiento establecido.

 

"En su papel de alcalde, Méndez confiaba en los informes de sus técnicos y luego votaba en conciencia y en ningún momento se ha demostrado que adoptara decisiones discrecionales y sin su sometimiento al pleno", ha resumido el abogado.

 

NO SE PUEDE CONDENAR LA "GENEROSIDAD"

 

Pero además, Gómez de Liaño ha expresado su perplejidad ante el delito de malversación de caudales por la entrega al municipio gallego de As Nogais, lugar de procedencia del primer edil, de un parque infantil valorado en 2.000 euros, pues, tal y como ha incidido, "en ese delito no se puede incluir la generosidad, el altruismo" demostrados por su cliente al donar unos "viejos columpios oxidados para disfrute de los rapaces de esa pedanía gallega", sobre todo porque dicho mobiliario había sido desafectado tácitamente y ya no era de propiedad municipal.

 

Por todo ello, el letrado, cuyo cliente se expone a diez años y medio de prisión, inhabilitación por veintisiete años y multa de 316.720 euros, ha reiterado al tribunal que a la hora de sentenciar no se base en meras sospechas sino en pruebas fehacientes, "más allá de toda duda razonable", y para ello, como golpe efectista, ha citado una sentencia dictada por los tres magistrados de esta sala.

 

En la misma línea, el último de los seis defensores, en representación del exdelegado de la Junta en Valladolid y también exdiputado y exconcejal del PP, Jesús García Galván, ha comenzado su alegato reprochando la "imprecisión, indeterminación e inconcreción" de las acusaciones y ha advertido de que en el caso de su cliente el tribunal tendría que dictar el sobreseimiento por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

 

En este sentido, el abogado ha censurado que García Galván se enteró de que había sido citado como imputado cuatro años después de iniciado el procedimiento y, por ello, en ese periodo fue sometido a una investigación inquisitorial tanto de sus bienes muebles e inmuebles y de su persona, algo que ha achacado a la incorrecta actuación del juez de instrucción.

 

Al margen de ello, que en su opinión debería traducirse en un fallo absolutorio, el letrado de la defensa, ejercida por el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Jesús Verdugo, ha tildado de "delito imposible" la prevaricación urbanística atribuida a su cliente.

 

Y es que en el momento de los hechos regía el antiguo Código Penal según el cual el artículo 320.1 y 2 tan sólo hacía referencia a proyectos de edificación y licencias urbanísticas, cuando el ahora expolítico del PP, como presidente entonces de la Comisión Territorial de Urbanismo, intervino únicamente en 2002 en la modificación de normas subsidiarias y, además, como integrante de un órgano colegiado que siguió el criterio de la Ponéncia Técnica.  

 

También ha exculpado a su patrocinado del delito de cohecho que se le imputa por un chalé en Mugardos, valorado en casi 150.000 euros, que las acusaciones sostienen que recibió gratis de Mahía en 2004, cuestión que ha zanjado Verdugo tras afirmar que el acusado pagó el precio con dinero prestado de su abuela y un amigo y que luego devolvió a sus prestatarios con un crédito solicitado en una oficina de Caja Duero en Zamora.

 

DESPERTAR DEL SUEÑO

 

"Algo chirría cuando ese presunto regalo no fue simultáneo al supuesto favorecimiento a Mahía sino dos años después. ¿Dónde está la prueba de que no se ha pagado, cuando aparece además un apunte contable en la empresa de que se ha abonado el precio?", ha interpelado Verdugo a los acusadores, de quienes ha apuntado que "el presente proceso judicial es un sueño que han vivido pero es un sueño del que deben despertar ya".

 

Tras la intervención del defensor de García Galván, a quien se piden tres años de cárcel, inhabilitación por dieciocho años y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y otro de prevaricación urbanística, el magistrado presidente de la Sección Segunda de lo Penal ha dejado el juicio visto para sentencia, ya que ninguno de los seis procesados se ha acogido a su derecho de pronunciar unas últimas palabras.

 

Además de Méndez y García Galván, las acusaciones piden para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de catorce y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicitan dos años de prisión y veintisiete años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, interesan tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multa, así como inhabilitación durante nueve años.