Gallardón propone pasar de 17.621 a 22 aforados en España

Foto; Europa Press

Cree que la concepción del aforamiento por la sociedad exige respuesta.

 El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que la propuesta que lleva el Ministerio en el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial será para pasar de 17.621 a 22 aforados en España.

  

En su opinión, los aforamientos que deberían subsistir en España, aparte de los que afectan a la Familia Real, son los que ostentan "los titulares de los poderes del Estado": el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, "y esto suma 22 personas", ha dicho.

  

Eso sí, ha lamentado que esta propuesta no se pueda realizar a través de la ley orgánica porque alguno de esos aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía, "que no pueden ser modificados por una ley orgánica", ha subrayado en una entrevista en 'El País' recogida por Europa Press.

 

"Si esta ley establece este propósito, corresponderá ya a los partidos, mediante el pacto de regeneración que debe abordarse, reformar los Estatutos de autonomía y, en su momento, en el día y en el caso de que se reforme la Constitución, establecer una limitación drástica de estos aforamientos", ha explicado.

  

En este sentido, ha recalcado que se trata de una intención "de carácter político" porque la ley orgánica a lo único que podría afectar es a los órganos del Estado que no están recogidos expresamente en la Constitución, a los jueces y a los fiscales.

 

"EL AFORAMIENTO NO TIENE POR QUÉ CONSTITUIR UN PRIVILEGIO"

  

A su juicio, el aforamiento "no tiene por qué constituir un privilegio", porque, según ha señalado, puede ser una merma de un derecho fundamental, "que es el derecho a la revisión de una sentencia condenatoria".

  

Eso sí, ha admitido que por mucho que los juristas expliquen que el aforamiento no es un privilegio, la sociedad española sí que lo percibe así y eso exige "una respuesta por parte del legislador".