Fiscalía mantiene penas de 27 años para la pareja acusada de prostituir a una menor en el club 'Jamaica'

Entiende probado que son coautores de la "más clara manifestación de esclavitud en el siglo XXI".

Fiscalía de Valladolid ha mantenido este lunes invariable su petición de penas que suman globalmente veintisiete años de prisión para la pareja formada por Plamen V. y Cristina C, él búlgaro y ella rumana, al considerar probado que ambos trajeron engañada desde Rumanía a una menor de 15 años en 2013 para prostituirla en el club 'Jamaica', lo que ha enmarcado en un delito de trata de seres humanos que constituye la "más clara manifestación de esclavitud en el siglo XXI".

 

En la última sesión en la Audiencia de Valladolid, el acusador público ha solicitado para Plamen una condena global de quince años por el referido delito de trata de seres humanos en concurso con otro de prostitución y un delito de falsificación de documento oficial, mientras que para Cristina ha pedido doce años, al excluirla del falseamiento de la documentación de la víctima que el primero realizó, presuntamente, para hacer creer que era mayor de edad y poderla así prostituir en el club.

 

Además, el fiscal ha incluido la prohibición de los procesados de aproximarse o comunicar con la víctima por espacio de diez años, una vez cumplan la condena solicitada, y en concepto de responsabilidad civil el abono a la menor de 120.000 euros por los daños morales causados.

 

En su informe final, el acusador público, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha subrayado la complejidad de investigar delitos de este tipo debido a las "coacciones y amenazas" que tradicionalmente realizan los acusados al entorno familiar de sus víctimas para evitar ser incriminados, como, según sostiene, habría ocurrido en el presente caso, y también ante las dificultades para que las afectadas cuenten todos los pormenores de su situación, algo que sólo ocurre cuando los investigadores se ganan su confianza.

 

A modo de resumen de los hechos, el fiscal considera acreditado que Cristina C. contactó en Rumanía con la madre de la menor y consiguió que la progenitora diera su plácet para que su hija viajara con la acusada hasta Medina del Campo, en Valladolid, en julio de 2013 con la falsa promesa de cuidar a su nieto.

 

"Nadie niega la existencia de ese nieto, pero fue el anzuelo utilizado para convencer a la madre", ha indicado la acusación pública, quien ha añadido que una vez en Medina tanto Cristina como Plamen desvelaron a la víctima que su profesión real iba a ser la de prostituta en el 'Jamaica', en San Miguel del Pino, y que para asegurarse de que no huiría la privaron de la documentación y la advirtieron de que debería prestar servicios en el club hasta condonar la deuda con ellos contraída por el viaje desde su país de origen.

 

La "ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilut del testimonio de la víctima, la persistencia del mismo en todo momento" y otra serie de pruebas son, a juicio del fiscal, "más que suficientes para enervar la presunción de inocencia de los dos acusados, "que actuaron de común acuerdo para explotar sexualmente a la menor", a lo que ha añadido que Plamen no sólo era el encargado de 'hacer caja' con los servicios prestados por la denunciante sino también por los de Cristina, igualmente trabajadora del 'Jamaica'.

 

BAJO COACCIONES DE LA POLICÍA

 

Por su parte, las defensas de ambos acusados, que permanecen presos por esta causa, han mantenido su petición absolutoria por falta de pruebas, si bien la letrada de Cristina ha ido más allá y ha acusado a la policía de coaccionar a la menor para que "dijera lo que finalmente dijo", y ello a pesar de que "no hay captación de la víctima, no hay engaño y, sobre todo, no se ha demostrado que fuera prostituida en el 'Jamaica'".

 

La defensora ha insistido en que el viaje a Medina del Campo de la menor era únicamente para trabajar al cuidado del nieto de Cristina y ha rechazado que la denunciante hubiera sido privada de su documentación y retenida contra su voluntad.

 

"Tenía un teléfono móvil y conexión a Internet y hablaba todas las semanas con su madre y sus hermanas y, además, gozaba de plena libertad de movimientos", ha subrayado la letrada, que a mayores ha tratado de desacreditar a la supuesta víctima al apuntar que "en todo momento su testimonio ha estado plagado de contradicciones y de mentiras".