Estiman el recurso de la empresa a la que el Ayuntamiento de Valladolid retiró el contrato de señalización

El PP entiende que supone un fuerte varapalo para el alcalde, quien acusó a Imesapi de connivencia con un funcionario municipal.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl) ha estimado el recurso de la empresa Imesapi contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, de 18 de noviembre de 2015, por el que se renunciaba a la celebración del contrato de señalización de las vías públicas, adjudicado provisionalmente a la citada mercantil.

  

El fallo, en opinión del Grupo Municipal del PP, supone "un nuevo varapalo para el Gobierno municipal en materia de contratación, del que tendrá que responder el alcade, le guste o no, ante los órganos correspondientes por incómodos que le resulten y a pesar de su intención de impedir el control de la oposición de su acción de gobierno".

  

El tribunal, tal y como explican los 'populares' a través de un comunicado recogido por Europa Press, echa por tierra toda la argumentación de la Junta de Gobierno. Entiende el tribunal que el cambio de ubicación del servicio de señalización del Área de Urbanismo al de Movilidad "no constituye, a su juicio, una razón de interés público que justifique la renuncia del contrato".

  

Tampoco considera el tribunal justificada la renuncia al contrato, por la preferencia en la utilización de medios propios para señalizar las vías ya que "no existen datos en el expediente que permitan tener por acreditados tales extremos".

  

Además, el Tarccyl estima que se ha vulnerado el artículo 155.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ya que cuando se renuncia a la celebración de un contrato está prohibido promover nuevas licitaciones sobre su objeto, y el Gobierno municipal promovió nada más y nada menos que seis por un importe global de más de 116.000 euros.

  

Para el tribunal, "la eficiencia en la ejecución del servicio no es un argumento de interés público que pueda aplicarse al presente caso, ya que el Ayuntamiento, después del acuerdo de renuncia a celebrar el contrato, continúa contratando los mismos servicios con agentes externos, máxime cuando no es posible realizar contrataciones con el mismo objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia".

   Del mismo modo el tribunal rechaza los argumentos de la Junta de Gobierno sobre la existencia de dos lotes en el contrato y sobre la necesidad de realizar un inventario de las señales existentes y de su estado, por considerar que no justifican el interés público para renunciar al contrato declarando, incluso que la realización del inventario estaba incluida en el objeto del contrato al que se renunció.

   Respecto de las presuntas irregularidades por la supuesta connivencia del funcionario denunciado por la Alcaldía, dice el Tarccyl que "no existe una resolución administrativa firme y no resultan acreditadas en el presente expediente dichas actuaciones. No obstante, en el caso de existir una infracción no subsanable en las normas de preparación del contrato, se estaría en un supuesto de desistimiento del contrato que es distinto de la renuncia del contrato por razones de interés público".

   El acuerdo del Tarccyl es ejecutivo en sus propios términos y solo cabe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.