Estimados los recursos de las defensas del 'Caso PGOU' para darles la causa original antes de calificar

Juzgados

La decisión, que podría llevar implicita la concesión de un mes a cada defensor, retrasaría la celebración del juicio a 2017.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha estimado los recursos de los imputados en el denominado 'Caso PGOU' para que sus abogados cuenten con la causa original o copias de la misma a fin de poder elaborar, con todas las garantías, sus respectivos escritos de defensa, decisión que podría retrasar hasta el año 2017 la celebración del juicio en la Audiencia Provincial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

La decisión de José María Crespo deja así sin efecto el auto de apertura de juicio oral dictado por dicho instructor el pasado mes de enero y atiende no sólo las pretensiones de once de las doce defensas -a excepción del letrado de José Luis Mayordomo, expresidente del Baloncesto Valladolid- sino también del Ministerio Fiscal, en aplicación del artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de que "puedan examinar la causa original en su integridad para formular su escrito de defensa con las debidas garantías para sus representados".

 

La aceptación del propio juez de los postulados de los defensores y de la acusación pública plantea la posibilidad de que el proceso judicial se demore durante un año en el supuesto de que los recurrentes reciban la causa original -la conforman más de 9.000 folios-, con lo que cada uno de ellos dispondría de un mes para estudiarla y elaborar su escrito de defensa.

 

QUIÉN PAGA MÁS DE 100.000 IMPRESOS

 

Tan sólo podría evitarse dicha demora si en lugar de la causa se les facilitara copia de todo lo instruido y se diera a todas las defensas un plazo común de un mes para calificar, aunque en este caso se abriría un nuevo conflicto para determinar si la Gerencia de Justicia o los propios abogados son los encargados de costear más de 100.000 folios impresos.

 

La únicas partes que han presentado ya sus escritos son las acusaciones pública y la popular. La primera solicita un conjunto de penas que se elevan a treinta y dos años de prisión para trece personas, entre exconcejales, técnicos, arquitectos y empresarios.

 

A los encausados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

 

En su escrito de calificación provisional, la acusación solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca, el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

 

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

 

Incluye también en el listado de encausados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

 

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.