Enríquez defiende la 'Ley Montoro' aunque reconoce que "no es la que hubiéramos hecho los ayuntamientos"

El Equipo de Gobierno tumba dos mociones de la oposición que pedían la retirada de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. El PP insiste en que es mejor esta norma que "no tener ninguna". 

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha defendido la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida como 'Ley Montoro', argumentando que "sin ser la Ley que hubiéramos hecho los ayuntamientos es mejor tener esta Ley que ninguna". Así lo ha dejado claro esta mañana en el pleno de la corporación, el portavoz del grupo popular, Jesús Enríquez, quien ha rechazado las dos mociones presentadas por PSOE e IU en contra de la nueva norma.

 

Enríquez ha justificado que el Gobierno del Estado ha rectificado con respecto al primer borrador presentado y se han atendido "el 95% de las sugerencias de las entidades locales". Para el portavoz popular esta Ley es "el resultado de la negociación  y participación, como así lo demuestra sus 37 documentos en un año y medio".

 

Enríquez dice que aunque "no colma todas las opiniones de los gobiernos locales" supone "un avance contra el despilfarro y en favor de la honestidad política", antes de recordar a la bancada socialista el manido argumento de que "su partido en ocho años no hizo nada".

 

El Equipo de Gobierno ha tumbado las dos propuestas de la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid que solicitaban la retirada de la Ley (IU) y la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, según el PSOE. Jesús Enríquez, encargado de argumentar el voto contrario los populares a ambas mociones, instó a los socialistas que no "usen este salón de plenos como palestra en las luchas internas de su partido" y acusó a Izquierda Unida de "poner la venda antes que la herida".

 

Para Javier Izquierdo, del PSOE, la nueva Ley permite un "gasto público mayor" en retribuciones de alcaldes y concejales y recuerda que anularía la mayoría de las competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. "Una ley que viene a estropear los servicios públicos que prestaban mejor los ayuntamientos que no las Comunidades Autónomas", ha dicho Izquierdo, quien ha acusado al Equipo de Gobierno de estar "encantado de que las Junta les quite todas las competencias en materia de servicios sociales con la excusa de la crisis".

 

Por último, María Sánchez explicó lo que, a ojos de Izquierda Unida, pretende la nueva Ley: "quitar poder y gestión a los ayuntamientos y hacer que lo privado haga negocio a costa de la retirada de lo público"