En libertad bajo fianza de 30.000 euros el interventor de la Diputación de León

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad con la imposición de una fianza de 30.000 euros al interventor de la Diputación de León, Manuel Jesús Sánchez, al que ha tomado declaración como imputado en la causa que investiga a la red de corrupción 'Púnica'.

 

El magistrado acusa a Sánchez, que tendrá 10 días para depositar ante el Juzgado la caución impuesta, de delitos de negociaciones prohibidas y fraude. Apunta que el interventor tenía "intereses particulares" en la estación de esquí de San Isidro, donde uno de los principales cabecillas de la trama, el empresario valenciano Alejandro San Pedro, obtuvo contratos de forma irregular.

 

El imputado disponía de 13 apartamentos en la estación y a pesar de que tenía el deber de abstenerse, Sánchez "hizo gestiones y facilitó información económicas" sobre las pistas a solicitud del expresidente de la Diputación Marcos Martínez, considera el juez.

 

El magistrado envió a prisión incondicional a Martínez el pasado día 30 de octubre,  al valorar que concedió contratos a De Pedro "a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León", según indicó en un auto.

 

De Pedro contaba con trato de favor y sus empresas obtenían en exclusiva contratos en las pistas, apuntaba el juez. Además, el presidente de la Diputación leonesa "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude", decía el magistrado.

 

CABEZA DEL ENTRAMADO

 

El juez aseguraba que De Pedro es una de las "cabezas" de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al dirigido por David Marjaliza, otro de los principales detenidos en la operación. "Se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares", apuntaba Velasco.

 

Consideraba que estos "trabajos" le abrían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían "la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros" en lugares como Murcia, León y Madrid.

 

Tras las detenciones ordenadas el  27 de octubre,  Velasco dictó prisión incondicional para siete personas, entre ellos Francisco Granados, y dejó a ocho detenidos en libertad, trece en prisión eludible con fianzas --que oscilan entre los 25.000 y los 300.000 euros. Otras cuatro personas quedaron en libertad con la obligación de pagar fianzas de hasta 40.000 euros.

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