El TSJCyL desestima el recurso de CCOO contra la jornada de 37 horas y media en el Ayuntamiento de Arroyo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por el sindicato Comisiones Obreras contra la instrucción del Gobierno local para el cumplimiento por parte del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda de la jornada de 37 horas y media semanales fijada por resolución de la Alcaldía.

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda está aplicando desde el día 13 de febrero de 2012 la nueva jornada de 37 horas y media de promedio semanal para todos los funcionarios municipales, como prevé el Real Decreto Ley 20/2011.

  

Así, por resolución de alcaldía se acordó establecer la jornada ordinaria de trabajo, tanto para funcionarios como laborales en 37,30 horas semanales que se podrán desempeñar en horario de lunes a jueves de 7,30 a 18,00 horas ininterrumpidas.

  

"La aplicación de esta medida, impulsada por el  gobierno de España para hacer frente a la difícil coyuntura económica actual, pretende mejorar la productividad sin incrementar los costes y ofreciendo un mejor servicio y mayor atención a los ciudadanos", ha explicado el alcalde independiente, José Manuel Méndez.

  

El Tribuna Superior de Justicia explica en la sentencia que el recurso presentado por Comisiones Obreras se basa en la no aplicación al personal de la Administración Local del artículo 4 del Real Decreto Ley 20/2011 al sostener que el mencionado artículo solo se aplica al personal del sector público estatal, no al de otras administraciones públicas.

  

No es ésta, sin embargo, la conclusión de la sentencia de instancia, ni tampoco la de la Sala, ya que según la misma el citado artículo 4 dispone que "a partir del 1 de enero de 2012 y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos".

  

En el enunciado a interpretar se habla, en general de reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos, sin distinguir la Administración a la que cada uno de ellos esté adscrito, según explica la sentencia a lo largo de nueve páginas.