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El tren del soterramiento se atasca y el Ayuntamiento de Valladolid propone disolver la Sociedad Mixta

La reunión entre Ayuntamiento y Adif tuvo lugar este miércoles. TRIBUNA

El Ayuntamiento comunicó en una reunión con Adif este miércoles que no puede hacerse cargo de la deuda contraída de 125 millones de euros a pagar el 31 de diciembre.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que el Ayuntamiento no hará frente a la parte de la deuda de la Sociedad Alta Velocidad que vence el próximo 31 de diciembre y ha abogado por una "liquidación ordenada" de esta entidad participada al 50% por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), y al otro 50% por el Consistorio y la Junta de Castilla y León.

 

Puente, junto el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, y el edil de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato; ha participado este miércoles en la breve reunión con tres directores generales del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que ha concluido en apenas 15 minutos después de que los representantes municipales comunicaran la negativa del Ayuntamiento a acogerse al aplazamiento de la deuda de la Sociedad que vence a finales de mes -un total de 125 millones de euros-, tal y como proponen los bancos.

 

El primer edil ha asegurado que si el Consistorio solicitara un nuevo préstamo para aportar esos algo más de 30 millones de euros, las normas de contabilidad imputarían como deuda municipal el 25 por ciento que corresponde al Ayuntamiento de los 404 millones que debe en total la Sociedad Alta Velocidad a las entidades financieras.

 

Ello, según el regidor, sería "absolutamente inviable" porque implicaría que el Ayuntamiento pasara de tener 120 millones de euros de deuda a 220, con lo que superaría el límite establecido por la Ley de la Administración Local promovida por el ministro del PP Cristóbal Montoro, y se vería obligado a hacer un ajuste de "80 millones de euros" en el gasto del Presupuesto de 2016. "Imposible, sin echar el cierre al Ayuntamiento", ha apostillado Puente.

 

En todo caso, los miembros del equipo de Gobierno han señalado que los representantes de Adif "se han ido con la idea de estudiar una posible solución" y, de hecho, Puente ha reclamado que "si algún socio puede poner" los 125 millones de euros que debe devolver la sociedad inminentemente "que lo haga", antes de apuntar que ni el Administrador ni la Junta de Castilla y León están afectados por "el corsé" de la 'Ley Montoro'.

 

En el caso de que no se halle otra solución para afrontar la deuda antes de que concluya el plazo, Puente ha defendido que el Ayuntamiento no sería "moroso", pues los socios no son responsables de la deuda de una entidad en la que participan. En todo caso, ha aseverado que el equipo de Gobierno se "resistirá" a las posibles reclamaciones por vía de embargo que hicieran los bancos acreedores de la deuda.

 

Con esta situación, Óscar Puente ha considerado que la salida "normal" del problema sería una "liquidación ordenada" de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, pues ha recordado que incluso si se aplazara por un año el pago de esos 125 millones de euros, dentro de un año habría que hacer frente a ellos, más los intereses más otros 100 millones de euros más que vencen el 31 de diciembre de 2016, fecha en la que duda mucho de que se haya vendido alguna de las parcelas de suelo con las que se pretendía financiar la operación.

 

El regidor ha precisado que, en caso de un liquidación de la Sociedad, ésta pagaría "lo que se pueda" de la deuda y lo que no se pudiera quedaría como "fallido".

 

Otra de las opciones que ha deslizado Óscar Puente es que Renfe, entidad dependiente del Ministerio de Fomento, al igual que Adif, aporte la compensación de unos 80 millones de euros que interpreta el equipo de Gobierno que le correspondería en la permuta de la propiedad de los terrenos de los antiguos talleres -valorados en 120 millones- y los nuevos recién construidos -40 millones-.

 

Por todo ello, el primer edil socialista ha aseverado que el proyecto de soterramiento está "aplazado sine die", pues entiende que no hay una "solución a corto plazo", pero ha matizado que el equipo de Gobierno no renuncia siempre que se afronte desde "una óptica realista".

 

EL PROYECTO ROGERS, IMPOSIBLE

 

En todo caso, ha dejado claro que el proyecto en su día diseñado por Richard Rogers es imposible de afrontar, ya que, además de los 400 millones de euros ya solicitados por la Sociedad, requeriría, al menos, de otros 300 millones más de financiación.

 

De modo que el alcalde de Valladolid ha apostado por "empezar de cero" con el proyecto, bien tras el pago de la deuda o bien tras la disolución de la sociedad, y que el Ayuntamiento afronte por su cuenta la operación, aunque con un nuevo planteamiento, nuevos plazos, por tramos y con métodos constructivos "más económicos". "No podemos empezar con -404 millones de euros sin tener un metro de soterramiento hecho", ha recalcado.

 

En cuanto a las responsabilidades de esta situación, Óscar Puente ha señalado a los representantes que, en su día, firmaron el proyecto ferroviario de Valladolid en 2003, en referencia al exalcalde 'popular' de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva; el exministro Francisco Álvarez-Cascos y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

 

Asimismo, ha considerado que el proyecto tal y como lo diseñó el arquitecto Richard Rogers en 2006 estaba planteado de acuerdo con un mercado inmobiliario "que no es el de hoy", por lo que al no ponerse en marcha con rapidez "explotó la burbuja" y el futuro de la operación se vio comprometido.