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El Supremo deja el caso de los jesuitas vallisoletanos asesinados a la Audiencia Nacional

TRIBUNA

El Supremo señala que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco debe continuar conociendo los hechos acontecidos en 1989 porque, de un lado, alguna de las víctimas tenía la nacionalidad española.

El Tribunal Supremo ha establecido la jurisdicción de los tribunales españoles, en este caso de la Audiencia Nacional, para seguir adelante con la investigación del asesinato de los jesuitas vallisoletanos Ignacio Martín Baró y Segundo Montes, del burgalés Amando López, el vasco Ignacio Ellacuría, el navarro Juan Ramón Moreno y tres salvadoreños el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador a manos de las fuerzas armadas.

 

El Supremo señala que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco debe continuar conociendo los hechos porque, de un lado, alguna de las víctimas tenía la nacionalidad española, además de la salvadoreña, y de otro hay "indicios suficientes" de que el proceso penal desarrollado en su día en dicho país no garantizó la persecución y el castigo efectivo de sus responsables.

 

La resolución acoge la tesis de la fiscal del Tribunal Supremo Pilar Martín Nájera, quien en un escrito presentado a finales del pasado mes de diciembre señalaba igualmente que faltó imparcialidad en la tramitación de la causa en el país donde sucedieron los hechos.

 

La decisión del alto tribunal avala la investigación de este asunto pese a la reforma de la justicia universal impulsada primero por el gobierno del PSOE y luego por el de Mariano Rajoy que limita este tipo de investigaciones.

 

Los hechos, ocurridos en la Universidad Centroamericana 'José Simeón Cañas', en El Salvador, se saldaron con la muerte de los sacerdotes jesuitas españoles mencionados, además del salvadoreño Joaquín López y López, y Celina y Elba Ramos, una empleada doméstica y su hija.

 

AUSENCIA DE GARANTÍAS EN EL SALVADOR

 

El Supremo destaca que existen indicios serios y razonables de que "el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, más bien, su sustracción a la justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad".

 

En ese sentido, el juez Velasco destacó en su exposición razonada las dilaciones por parte de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos en obtener documentos -parte de los cuales pudieron así ser destruidos-; la ocultación de datos al juez instructor por parte de dicha Comisión; la renuncia de los fiscales del caso porque el fiscal general les ordenada no impulsar el procedimiento; la destrucción de pruebas clave, como los libros de registro militares de esos días o las presiones externas durante el juicio oral; o las amenazas denunciadas por los miembros del jurado.

 

El auto señala que todas esas circunstancias fueron corroboradas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 1999.

 

Para el Supremo, lo verdaderamente relevante en supuestos como éste es que el fiscal, "como órgano constitucionalmente llamado a promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, haya expresado con su actuación la inequívoca voluntad institucional de defender el interés social en la investigación y enjuiciamiento del delito imputado".