El sindicato CSI-F estudia reclamar la devolución de 81 días de la extra en lugar de los 44 reconocidos

El sindicato estudia reclamar a las administraciones, Junta, diputaciones y ayuntamientos la devolución a los trabajadores públicos de 81 días de la paga extra en lugar de los 44 reconocidos de la parte devengada que se reconoció por un juzgado de Palencia.

CSI-F estudia reclamar 81 días, para lo que se basan en que al ser necesaria la adaptación de la norma nacional a la regional, esta tiene su propia fecha de entrada en vigor, que "en ningún caso podrá ser anterior a la de publicación de la norma".

Esta interpretación de la norma podría "colapsar" de nuevo los juzgados ante la tardanza y los reparos en asumir las administraciones regionales, provinciales y locales lo que "sus propios servicios jurídicos sabían" y que ahora están corroborando las sucesivas sentencias, ha asegurado el sindicato.

Esto provocaría un agujero aún mayor a las arcas públicas ya que CSI-F tiene preparadas cerca de 14.000 demandas que de resultar favorables supondrían un montante muy importante al que habría que incluir las costas judiciales.

"Nosotros sostenemos que la entrada en vigor a la que los trabajadores públicos de la Comunidad de Castilla y León han de atender es la del día 20 de agosto de 2012", ha explicado el sindicato, que ha añadido que precisamente eso es lo que recogen en sus escritos de demanda.

En concreto, argumentan que la reciente sentencia número 238/2013, de 11 de noviembre, dictada por el juzgado de lo contencioso número 10 de Sevilla, en relación a la específica situación de los funcionarios de la administración de Justicia, aclara que la remisión que se hace en la disposición 41ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo es a la "forma" prevista en el RDLey 20/2012 para la detracción de haberes correspondientes a la paga extra de Navidad, no al "plazo" desde el que habría de realizarse tal minoración.

SIN RETROACTIVIDAD

Esta sentencia afirma igualmente, como la práctica totalidad de las dictadas hasta ahora, que en España las leyes no tienen carácter retroactivo salvo que en ellas se establezca lo contrario; irretroactividad que además viene garantizada constitucionalmente.

"No se puede ser más claro: igual que el legislador estatal no tuvo en cuenta la entrada en vigor de su decreto, tampoco el legislador autonómico tomó en consideración esta cuestión, y ambos obviaron la parte que ya se había devengado", ha aclarado el sindicato.

Así, ha explicado que en el caso de Castilla y León, el Decreto 1/2012 no se limitaba de forma exclusiva y excluyente a ser mera traslación de la norma estatal, sino que él mismo admite que adapta aquella, y desarrolla aspectos propios autonómicos, por lo que "forzosamente debía tener su propia entrada en vigor, la que marca el límite temporal de aplicación, y la que concede practicidad y efectividad al contenido jurídico".

Por ello, solicitan que las sentencias que se dicten no olviden esta pieza clave de ambos decretos, y se abonen esos 81 días correspondientes al período que media entre el día 1 de junio de 2012 y el día 20 de agosto del mismo año.