El PSOE propone limitar los alquileres sociales al 25% de los ingresos del inquilino

Casa en alquiler

La procuradora Ana Muñoz de la Peña plantea un precio de alquiler protegido que no supere el 25% de los ingresos obtenidos por el inquilino.

La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, la procuradora salmantina Ana Muñoz de la Peña, ha propuesto hoy que se establezca un precio de alquiler protegido en materia de vivienda que no supere el 25% de los ingresos obtenidos por el inquilino. Esta propuesta, presentada en el debate de la segunda sesión del Pleno celebrado esta mañana en las Cortes de Castilla y León, pretende, ha manifestado Ana Muñoz de la Peña “que el esfuerzo económico para pagar el alquiler pueda afrontarse y no lleve a la ruina o sitúe a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad”.

 

Asimismo, la portavoz socialista ha traído a la tribuna de oradores de la Cámara autonómica la necesidad de poner en marcha “medidas concretas contra la pobreza energética que dispongan de la cobertura legal necesaria y se articulen como derecho y no como caridad”. Incidió en que “debe regularse el concepto de vivienda vacía, en el Estado, pero también hacerlo en el Plan de Castilla y León, elaborando un censo actualizado y con diferentes medidas arbitradas desde el Estado y desde los ayuntamientos, para promover la inclusión de las viviendas desocupadas en el mercado de alquiler”.

 

La procuradora socialista salmantina se ha  mostrado partidaria de una estrategia que “permita aumentar el mercado de alquiler tutelado por la Junta, así como la rehabilitación y recuperación de vivienda que favorezca, por un lado el acceso a la vivienda a las familias con recursos inferiores al IPREM, y por otro,  la instalación y adaptación de edificios y viviendas para personas con discapacidad o personas mayores”.

 

Por otra parte, ha abogado por mejorar la eficacia del Registro Público de Demandantes de Vivienda criticando que la Junta haya cerrado las Oficinas de Vivienda, “que facilitaban a los ciudadanos información de cómo podrían acceder a una vivienda, ayudaban en la tramitación e intermediación, y daban información puntual sobre las ayudas y subvenciones convocadas y sus requisitos”.