El PSOE pide al Ayuntamiento de Valladolid la inclusión de criterios sociales en la adjudicación de contratos

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid presentará una moción en el próximo pleno, que se celebrará este martes, en la que reclamará al Ayuntamiento el "cumplimiento escrupuloso" de la legislación en lo que se refiere a incluir cláusulas sociales en los procesos de contratación pública.



VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)



Se trata, según los socialistas, de primar a las empresas que garanticen un porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad y medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y colectivos desfavorecidos.

Los socialistas han explicado que España, según la Fundación Alternativas, es uno de los países europeos con mayor desigualdad económica, donde la distancia entre ricos y pobres y la diferencia de ingresos nunca habían sido tan amplias como en los últimos años.

En este contexto de desigualdad, con una tasa de paro que sobrepasa el 25 por ciento de la población activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, afirma el PSOE, "parece que sean un lujo por el que tenemos que pasar de puntillas, renunciando a años de trabajo y lucha por la igualdad".

A este respecto, el PSOE considera que se asiste al "desguace" del Estado del Bienestar y al "peligro de desaparición" de los servicios de proximidad, en el caso de que prospere la reforma de la Administración Local.

El Grupo Socialista se entiende que "el empleo debe ser el mejor instrumento para corregir desigualdades" y desde esa óptica considera necesario hacerse eco de una reivindicación ya histórica de muchos colectivos como la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de la Administración Publica.

Además, los socialistas insisten en que, "más allá de lo conveniente, adecuado, lógico o deseable", este tipo de exigencias las contiene la propia Ley de Contratos del Sector Público, que señala que las cláusulas sociales promocionan el empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas.

Por ello que, en opinión de los socialistas, este tipo de cláusulas son beneficiosas para todos los actores implicados, ya que para las personas y colectivos en riesgo de exclusión son una oportunidad de acceso al empleo, para las Administraciones Publicas suponen facilitar a los servicios sociales herramientas de inserción, reducir el gasto público dedicado a estas personas y producir ingresos a través de las cotizaciones a la Seguridad Social o IRPF.

Además, han apuntado que para las empresas de inserción y el tercer sector suponen un apoyo "inestimable" en su trabajo diario contra la exclusión y se potencian como generadoras de empleo.

MEDIDAS "SIN COSTE"

En este contexto, el PSOE ha recordado que poner en marcha estas medidas no tiene coste para las administraciones públicas y en cambio, tiene el valor añadido de establecer un marco de relación con las entidades del tercer sector diferente al de las subvenciones, caracterizado por la dependencia y el clientelismo.

Además, señalan, "la adopción de estas medidas traslada al conjunto de la sociedad un modelo de economía solidaria e incluyente, un modelo que implica a la economía lucrativa en la consecución de objetivos sociales".

En opinión del Grupo Socialista, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid no hace una apuesta de futuro por las políticas sociales, "a pesar de que así lo vende", y consecuentemente "no contempla de manera estructurada y continuada la inclusión de cláusulas sociales en sus contratos, ni tan siquiera penaliza en este caso el incumplimiento de la legalidad".

El PSOE ha explicado que en la información que el propio Ayuntamiento facilita reiteradamente en el Consejo de Discapacidad relacionada con el Pacto Local para el Empleo de las personas con discapacidad, las empresas analizadas con las que se mantienen contratos públicos no cumplen con la normativa legal del 2 por ciento de trabajadores con discapacidad en plantilla.

El PSOE utiliza como ejemplo el último informe del pasado mes de febrero, que pone de manifiesto que, de las cinco empresas analizadas de más de 50 trabajadores, solo una cumple la normativa sumando, eso sí, al porcentaje, otras medidas alternativas como son facturación a Centros Espaciales de Empleo y donaciones.

De las cuatro empresas analizadas menores de 50 trabajadores, ninguna tenía personas con discapacidad en sus plantillas. Ninguna de las nueve tiene trabajadores con discapacidad dedicados a la ejecución del contrato, ha añadido el PSOE.

Desde el punto de vista concreto, las medidas que el PSOE propone adoptar "de inmediato" son exigir a las empresas, para participar en la licitación de un contrato, que acrediten que cumplen la obligación legal de contar con un número de trabajadores con discapacidad del 2 por ciento o adoptar las medidas alternativas correspondientes, cuando sea obligatorio.

IGUALDAD DE GÉNERO

La empresa adjudicataria, además, estará obligada a aplicar medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de conformidad con lo que prevé la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Según los socialistas, entre estas medidas deben incluirse, necesariamente, la elaboración y la aplicación de un plan de igualdad, en el caso que la empresa adjudicataria no lo tenga porque tiene menos de 250 trabajadores.

El Ayuntamiento debe contemplar, por su parte, cláusulas administrativas particulares para la contratación de Suministros, Obras y Servicios en los que se establezca que a las empresas que contratasen desempleados con especiales dificultades de acceso al mercado laboral se le otorgaba un porcentaje de puntuación entre el 10 y el 15 por ciento, cuando al menos el 20 por ciento de la plantilla pertenezca a colectivos desfavorecidos.

El PSOE exige también que se establezca como requisito de la contratación en el 30 por ciento de los contratos de obras del Ayuntamiento, que el 10 por ciento de los trabajadores hayan formado parte de los programas de formación para el empleo municipales.

Por último, piden que se contemplen cláusulas administrativas particulares para la contratación de Suministros, Obras y Servicios en el Área de Acción Social, en los que se establezca hasta un 20 por ciento de puntos por tratarse de Empresas de Economía Social (cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, etcétera) o sin ánimo de lucro.