El PSOE pedirá hoy al Gobierno que remita al Congreso una evaluación de los daños

Temporal en Asturias
El Congreso de los Diputados convalidará el jueves el decreto ley que compromete 150 millones de euros en ayudas a los afectados


MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El PSOE pedirá este miércoles al Gobierno que remita al Congreso de los Diputados en el plazo de seis meses, un informe evaluando las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre del cambio climático, en donde se especificarán evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y se propondrán medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a sus posibles efectos.

El Grupo Socialista defenderá así una proposición no de ley en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, ante los "graves, diversos y sucesivos" temporales que están afectado las costas gallegas y cantábricas, que han provocado desde el fallecimiento de personas hasta "innumerables" daños materiales en Galicia, Asturias y el País Vasco.

Precisamente, el Congreso convalidará previsiblemente este jueves el decreto ley de ayudas puesto en marcha por el Ejecutivo para paliar de forma urgente los daños causados por el temporal. Así, el PSOE también reclama en esta iniciativa que en ese decreto Ley se establezcan un conjunto de medidas urgentes de solidaridad dirigidas, en lo posible, a compensar y facilitar la recuperación de las personas y de las zonas afectadas.

LAS MEDIDAS

Entre estas medidas se encontrarían, a su juicio, ayudas directas por los daños personales sufridos y los materiales producidos; ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción, rehabilitación o reparación de locales y viviendas siniestradas; subvenciones para la reparación de los daños ocasionados en la red viaria, en malecones, paseos marítimos, playas e infraestructuras municipales y otras de titularidad pública.

Igualmente, piden la atribución de la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia a los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos servicios, así como a las obras de reposición de bienes perjudicados por la catástrofe, específicamente las relativas a la reconstrucción de obra pública que afecten a la seguridad de las personas.

A su vez, consideran que la norma del Gobierno debería contemplar indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas, en su caso, así como beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas.

Además, solicitan entre otros puntos bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social, o el establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los siniestros.

EL DECRETO LEY DEL GOBIERNO

Además, el Congreso de los Diputados convalidará el próximo jueves el decreto ley de 21 de febrero por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, y se comprometen 150 millones de euros en ayudas a los afectados.

Según relató el Gobierno en el Consejo de Ministros del 21 de febrero que aprobó la norma se han visto afectados por los temporales los municipios costeros de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco; daños que han alcanzado, tanto a bienes de particulares, fundamentalmente locales comerciales, viviendas y vehículos situados en las inmediaciones de zonas de playa o portuarias, como a bienes de titularidad pública de las distintas Administraciones.

A fecha de ese 21 de febrero y, de acuerdo con las estimaciones aportadas por distintas Administraciones, el Gobierno cifró los daños totales por encima de los 150 millones de euros: 20 millones de euros en bienes de particulares y 130 millones de euros en bienes públicos, destacando playas, puertos e infraestructuras ferroviarias.

"Analizados los daños, resulta de la máxima importancia adoptar medidas dirigidas a la restauración de infraestructuras en el dominio público marítimo terrestre, actuaciones que competen directamente al Ministerio de Medio Ambiente", sostiene.

A su juicio, ello resulta "necesario" para reparar elementos de defensa del litoral que han quedado afectados (playas, espigones, entre otros), e "imprescindibles" a la hora de hacer frente a la acción ordinaria del mar, así como para reparar paseos y zonas anexas a las playas y litorales, antes del inicio de la temporada turística.

AYUDAS A PEQUEÑOS COMERCIANTES

Por otro lado, dada la naturaleza de los daños y atendiendo al importante número de establecimientos mercantiles que en playas y zonas costeras han resultado dañados, el decreto ley, además de las medidas de ayuda más comunes ante este tipo de sucesos catastróficos, contiene disposiciones específicas para ayudar en particular a empresas de pequeño tamaño que hayan visto afectados sus establecimientos turísticos y de otra naturaleza, ampliando las ayudas ya existentes.

Además, para que los municipios costeros concernidos puedan reparar los daños antes del comienzo de la temporada turística, se incluye una convocatoria especial de préstamos bonificados a través del Fondo Financiero para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), con el fin de financiar las obras de reparación de las infraestructuras turísticas municipales y establecimientos turísticos privados que hayan quedado afectados.

En el ámbito del Ministerio de Interior se flexibilizan los requisitos exigidos para la concesión de ayudas en situaciones de emergencia, de manera que se amplía de uno a dos meses el plazo para presentar las solicitudes para cualquiera de estas ayudas, y se reduce de seis a tres meses el plazo para resolver.

Entre otras también se contemplan ayudas por daños personales (fallecimiento o incapacidad), por daños materiales en viviendas habituales y enseres, ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, pesqueros y turísticos, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.