El PSOE ofrece al resto de la oposición que la iniciativa conjunta incluya pedir al Congreso revocar el cierre

La propuesta está suscrita por PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, ERC, BNG y Nueva Canarias


MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha ofrecido a CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Compromís-Equo, ERC, BNG y Nueva Canarias que el texto de la iniciativa conjunta que defenderán este martes sobre el cierre de la televisión pública valenciana (RTVV) incluya la petición al Congreso para revocar la decisión de la Generalitat Valenciana de cerrar la cadena pública, según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Se trata de una 'autoenmienda' a la proposición no de ley que registraron el pasado 19 de noviembre, momento en el que todavía seguía emitiendo la cadena pública valenciana, para poder reflejar expresamente en el texto la petición de revocación del cierre.

En la redacción inicial ya se instaba al Ejecutivo a que, en el ámbito de sus competencias, y en colaboración con la Generalitat Valenciana, se promuevan todos los mecanismos necesarios que garanticen que RTVV "sea viable económicamente y un eje dinamizador del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana, tomando todas aquellas medidas necesarias que garanticen el mantenimiento de la Pública autonómica, en valenciano y de calidad".

El texto propuesto ahora por los socialistas añade una frase más al párrafo antes citado, expresando la necesidad de que "en consecuencia se adopten las medidas oportunas para revocar su cierre". Eso sí, falta el respaldo de todos los grupos proponentes de la iniciativa para que esta autoenmienda se haga efectiva y pueda debatirse el último texto propuesto.

Con una u otra redacción, en el PP tienen decidido que rechazarán la iniciativa de la oposición, entre otras cosas porque apoyarla sería desautorizar una decisión adoptada por el Gobierno 'popular' de la Comunidad valenciana que preside Alberto Fabra.

DESTRUCCIÓN DE EMPLEOS

Según denuncian los partidos de la oposición en su iniciativa, la liquidación de esta empresa pública supondrá el despido de 1.600 trabajadores y la destrucción de otros 3.000 empleos en el sector audiovisual valenciano. "Vulnera el derecho a la libertad de información y expresión de cinco millones de valencianos, tal y como marca el Estatuto de Autonomía y la Constitución española", defienden estos grupos parlamentarios.

Es más, sostienen que la desaparición de esta cadena dejará el espectro radioeléctrico valenciano sin una emisora autonómica que garantice el servicio público, fomente la información de proximidad y el uso del valenciano, lengua propia de la comunidad, tal y como recoge considerado en el Estatuto de Autonomía.

Igualmente, lamentan que el cierre de la televisión y la radio públicas afectará directamente al derecho de los valencianos a ser informados en su lengua propia. Además, indica que la vertebración del territorio se verá "seriamente" afectada porque es la única televisión y radio públicas que informan de lo que sucede a diario en la Comunidad Valenciana.

"UN GOLPE MORTAL PARA EL PERIODISMO"

Esta iniciativa parlamentaria alerta sobre, el "golpe mortal" que va a suponer, en opinión de los firmantes, el cierre de la cadena valenciana para el sector periodístico, máxime cuando los índices de desempleo en la profesión superan el 45 por ciento en la Comunidad Valenciana. Es más, apostilla que sólo RTVV daba trabajo a unos 450 periodistas.

"La desaparición de esta radio y televisión públicas puede suponer el principio del fin de otros entes autonómicos que están considerados en sus estatutos como un servicio público para sus ciudadanos. El sector audiovisual debe ser considerado como estratégico por la alta cualificación de los puestos de trabajo, como por lo que supone de beneficio e impulso cultural para la sociedad", sentencia.

CIERRE DE LA CADENA

El Gobierno valenciano anunció el 5 de noviembre el cierre de RTVV, horas después de que se diera a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por la que se declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de RTVV y obligaba a readmitir a cerca de un millar de trabajadores.

Como consecuencia de esta decisión, la entonces directora de la sociedad pública, Rosa Vidal, y su equipo, dimitieron de sus cargos. Al día siguiente, el Gobierno valenciano aprobó un decreto ley para modificar la norma reguladora del Estatuto de RTVV tras estas dimisiones, con el objetivo de poder nombrar a nuevos consejeros de forma rápida, sin necesidad de pasar por las Corts.

La legislación que estaba entonces en vigor preveía que fueran las Corts las que eligieran a ocho consejeros, a propuesta de los grupos parlamentarios, por mayoría de tres quintos, y al director por mayoría de tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda votación. Asimismo, se establecía que los consejeros debían ser personas con cualificación, experiencia y méritos profesionales relevantes.

Con el nuevo decreto, el Consell modificaba los artículos 10 y 13.5 y se añadía un apartado 5 al artículo 15, que regulaba el cese o destitución del Consejo de Administración. La nueva redacción establecía que en aquellos supuestos en los que, como consecuencia del cese, destitución o renuncia de sus miembros, el Consejo de Administración no pudiera alcanzar el quórum necesario para adoptar acuerdos, se habilitaba a la Junta General para que nombrase provisionalmente a todos los cargos vacantes, incluido en su caso el director o directora general, hasta la constitución de un nuevo Consejo de Administración elegido por las Corts, de acuerdo con el procedimiento ordinario previsto en la ley.

El Consell argumentó que tras la renuncia de cinco consejeros y su directora general y, "ante la imposibilidad de proceder de forma inmediata a la renovación de cargos", se requería la adopción de medidas urgentes que asegurasen la administración de la mercantil pública y el restablecimiento del normal funcionamiento público.

ADMITIDO EL RECURSO ANTE EL TC DEL PSOE

Precisamente, este mismo martes, el TC ha admitido a trámite el recurso presentado el 14 de noviembre por el PSOE ante esta decisión de la Generalitat Valenciana y contra el cierre de esta cadena pública por considerarla una medida "ideológica" y "dictatorial", entre otros calificativos.

El Pleno del TC, tras estudiar el escrito de los socialistas, ha acordado admitirlo sin entrar a valorar el fondo, algo que hará "en las próximas fechas", según ha informado este órgano judicial en un comunicado. Seguidamente, ha acordado dar traslado del mismo al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de 15 días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones. En este caso, la admisión a trámite del recurso no suspende la vigencia de la norma recurrida.