El PSOE de Valladolid teme que la sanción impuesta por el derribo de Labradores contribuya a "alargar el proceso"

El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, ha calificado de "nefasta" la gestión del equipo de Gobierno tras el derribo de las fachadas protegidas de los edificios de la calle Labradores, 37 y 39, en el año 2009, ya que tras la última sanción aprobada ayer para el arquitecto sólo se conseguirá "alargar aún más el proceso".

En un comunicado recogido por Europa Press, Puente ha considerado que el equipo de Gobierno ha protagonizado una "surrealista e irresponsable sarta de actuaciones municipales que tendrán como consecuencia que finalmente el Ayuntamiento no cobre ni un euro en concepto de sanción".

  

El responsable socialista ha asegurado que la decisión de la Junta de Gobierno de este viernes de imponer dos multas de 600.000 euros cada una al arquitecto por el derribo no tiene en cuenta una resolución del juzgado de lo Contencioso de julio de 2013 que estimó parcialmente el recurso de la empresa Eurocosmos y limitó el importe de las sanciones a 350.000 euros cada una.

  

También ha recordado que un acuerdo de la Junta de Gobierno local del 10 de diciembre de 2010 había impuesto a la empresa que realizó el derribo sanciones por valor de 1,2 millones en total que fueron recurridas ante los tribunales y minoradas casi a la mitad por aquella sentencia, por lo que considera que la decisión de la Junta de Gobierno municipal de ayer "alarga el proceso inútilmente y dificulta el cobro de las multas".

  

Puente entiende que si la Justicia ya se ha pronunciado sobre las sanciones aplicables a uno de los responsables de aquel derribo, la empresa, "habría que tenerlo en cuenta para evitar posteriores recursos por parte del otro responsable, el arquitecto, y asegurar el cobro de las sanciones lo antes posible".

  

El retraso en el cobro éstas ha pasado por una declaración de caducidad del expediente que correspondía al arquitecto por parte del Juzgado de lo Contencioso número 3 en mayo de 2012, un recurso de apelación del interesado al TSJ y la apertura de un nuevo expediente en abril de 2013 que termina ahora con la petición de 1,2 millones de euros de multa, de nuevo, al igual que ya se hizo con Eurocosmos en diciembre de 2010.

  

En estos años, la empresa ha entrado en concurso de acreedores y el proceso sancionador, que ya dura cuatro años, ha apostillado el líder socialista, "ha sido cualquier cosa menos eficaz para conseguir una restitución por parte de quienes se saltaron a la torera la protección urbanística de esas fachadas".