El proyecto con la Universidad de Salamanca sirvió a Cofely para conseguir una subvención de 900.000 euros

Web de Cofely en el que aparece el proyecto SmartZA.

La empresa central de la trama que conseguía comisiones a cambio de contratos municipales logró una importante subvención al firmar un acuerdo con la USAL para desarrollar el proyecto SmartZA.

La empresa central de la trama de concesiones fraudulentas que ha acabado con la detención de Francisco Granados consiguió una importante subvención gracias a que contó con la Universidad de Salamanca para el proyecto SmartZA. Así se desprende de los datos del Ministerio de Economía y Competividad, que le concedió una ayuda de más de 900.000 euros a través del Ciemat.

 

El proyecto, presentado a finales de 2012, concurrió a una ayuda del programa Innpacto, una de las lineas de ayudas a la investigación puestas en marcha por el Ministerio de Economía y Competitividad por entonces a través del Ciemat, la rama para la investigación del ministerio. El programa de ayudas estaba enmarcado en una estrategia para incentivar la colaboración entre empresas privadas e insticuciones con actividad investigadora. El único requisito, indispensable, era la existencia de un acuerdo de colaboración firme entre una empresa y una institución investigadora.

 

Según fuentes conocedoras de este tipo de subvenciones consultadas por TRIBUNA, la participación de la Universidad de Salamanca era imprescindible para que Cofely pudiera concurrir a la subvención. Esta participación se habría concretado en forma de convenio, una fórmula habitual en la Usal, que tendría que establecer las condiciones de la colaboración y la valoración económica de la actividad investigadora.

 

De este modo, Cofely tomó el liderazgo del proyecto con la colaboración de varias empresas: es el caso de Inzamac Asistencias Técnicas SA, Ideas TX Ingeniería SL, Ingeniería y Consultoría para el Control Automático SL y Fundación CARTIF, a las que se suman el Centro de Inivestigación Energética Medioambiental y Tecnológica (CIEMAT) y la Universidad de Salamanca, y la participación del Ayuntamiento de Zamora, que era el objeto del proyecto: implantar sistemas de eficiencia energética en un barrio de la ciudad de manera experimental para luego extenderlo al resto de la capital. Al asumir el liderazgo del grupo, Cofely era la titular de la ayudas y la empresa que la habría recibido para proceder al desarrollo del proyecto.

 

Según los datos presentados ante el Ciemat, el proyecto SmartZA tiene un presupuesto total de 4,1 millones de euros, que es la cantidad declarada como financiable; de ellos, 914.000 euros son una subvención y otros 80.000 euros son de Fondos FEDER. Además, existe una partida de 2,8 millones que en el programa de financiación del Ciemat aparece como créditos, una fórmula habitual para reflejar ayudas a fondo perdido.

 

El proyecto está actualmente en desarrollo. De hecho, se encuentra en su primera fase, la elaboración de un estudio sobre las necesidades y las medidas que habría que tomar para implantar tecnologías de eficiencia energética en un barrio de Zamora. Posteriormente deberían llevarse a cabo todas las medidas en forma de experiencia piloto y, después, se harían extensivas a toda la capital.

 

Según las informaciones conocidas sobre la investigación, Cofely y su filial en España acumularon 160 de los 250 millones defraudados en contratos por las empresas implicadas en la operación 'púnica'. Su actividad fundamental es la eficiencia energética y el ahorro a través de la aplicación de nuevas tecnologías, un campo en el que muchos ayuntamientos se han movido para ahorrar dinero en la factura municipal de la luz. Proporcionar este tipo de servicios era objeto de los contratos municipales firmados con muchos ayuntamientos de Madrid, León o Murcia, y que están bajo sospecha de haberse firmado a cambio de comisiones.

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