El presidente de Parqueolid, procesado en tres causas que podrían condenarle a nueve años de cárcel

Oficinas de Parqueolid en Valladolid.

La Fiscalía de Valladolid sostiene que él y otros tres procesados se concertaron emitir facturas ficticias para desgravación impositiva. Todavía no hay fecha señalada para la celebración de los juicios.

El empresario Luis María García Clérigo, administrador de distintas sociedades, entre ellas de Parqueolid Promociones S.A, ha sido procesado en tres causas judiciales distintas que han sido instruidas en otros tantos juzgados de Valladolid y que podrían llevarle a prisión por espacio de nueve años por, supuestamente, concertarse en 2006 con otros tres empresarios, también imputados, para cometer fraude a Hacienda. Lo defraudado por el citado industrial alcanzaría los casi 900.000 euros.

 

Los procedimientos se han seguido en los Juzgados de Instrucción números 3, 2 y 6 y al término de las pesquisas la Fiscalía de Valladolid ha solicitado la apertura de tres juicios distintos cuya fecha de celebración está aún pendiente de dilucidar, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

El denominador común de todos ellos, siempre según la tesis de la acusación pública, sería el mismo: la intención de Luis María García Clérigo de defraudar al fisco a través de tres sociedades donde ocupa el cargo de administrador, como la citada Parqueolid, Urban Proyecta PM3 S.L. y Hotel San Pablo Valladolid S.L, y siempre con la supuesta colaboración del empresario José Manuel Castro Piedrafita, administrador de Soincom Ingenería S.L, imputado igualmente en las tres causas y que sería el encargado de girar al anterior facturas de elevados importes por servicios nunca prestados y con el único propósito de repercutirlos en la declaración del Impuesto de Sociedades a los efectos de la desgravación correspondiente.

 

Por todo ello, Fiscalía interesa para García Clérigo y Castro Piedrafita el conjunto de penas más elevadas, nueve años de prisión a cada uno -a razón de tres por causa-, multas por importe de 2.200.000 euros y el abono  a Hacienda, de forma conjunta y solidaria, de un total de 897.820 euros, el primero de ellos por delito contra la Hacienda Pública y cooperador de un delito de falsedad documental y el segundo de los imputados como cooperante de la primera acción delictiva y por la autoría de la segunda.

 

 

PRIVACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS E INCENTIVOS FISCALES

 

Pero además, se solicita para ambos la privación del derecho a la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas y de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social por espacio global de quince años.

 

Si bien los dos figuran encartados en las tres causas judiciales abiertas, otros dos empresarios, Germán José Martín Giraldo, vinculado, al igual que García Clérigo, a Parqueolid y Urban Proyecta, y Fernando Mínguez Beltrán, administrador mancomunado, junto a los dos anteriores, de la sociedad Hotel San Pablo Valladolid, se encuentran imputados en dos y uno de los citados procedimientos, respectivamente, también como autores de un delito de fraude a la Hacienda Pública y como cooperadores necesarios de otro de falsedad documental que al primero de ellos podrían llevarle a prisión por espacio de seis años y al segundo durante tres.

 

A Martín Giraldo y Mínguez Beltrán se les piden además multas por importe global de 1.400.000 y 800.000 euros, respectivamente, además de la obligación de abonar a la Hacienda Pública distintas cuantías defraudadas y, por el mismo orden, la pérdida de derecho a subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales por diez y cinco años.

 

Uno de los tres procedimientos abiertos, instruido por el Juzgado número 6, tiene como protagonistas exclusivos a Luis María García Clérigo y al administrador de Soincom Ingenería S.L, José Manuel Castro Piedrafita, quienes en 2006, según entiende probado el fiscal, se habrían concertado para que el segundo de ellos emitiera contra Parqueolid Promociones S.A. una factura por importe de 715.865 euros por supuestos trabajos de gestión y asesoramiento en una operación inmobiliaria que la citada promotora, con sede social en el número 3 de la Plaza de Madrid, cerró en la localidad de Villanubla.

 

Gracias al supuesto ardid, el presidente de Parqueolid incluyó dicha factura en su declaración del Impuesto de Sociedades de ese año, lo que se tradujo en que Hacienda dejó de ingresar un total de 223.535 euros como consecuencia de la deducción fiscal indebida.

 

Otra operación de similares características es la que habrían fraguado ese mismo años ambos empresarios entre Soincom y Urban Proyecta MP3 S.L, de la que figuran como administradores solidarios Luis María García Clérigo y Germán José Martín Giraldo, este último compañero de banquillo de los dos anteriores en una segunda causa investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid y que se habría traducido en una defraudación a la Agencia Tributaria de 244.187 euros.

 

En esta ocasión, los responsables de Urban Proyecta incluyeron en la declaración del Impuesto de Sociedades de la mercantil de 2006, en concepto de gastos, dos facturas emitidas por Soincom por importe global de 700.000 euros que, según Fiscalía, no respondían a una prestación real de servicios por parte de la segunda de ambas empresas, pese a que los imputados justificaran los mismos en gestiones inmobiliarias de Castro Piedrafita en Portillo y el asesoramiento de éste en la compra de una sociedad en Bruselas.

 

HOTEL SAN PABLO VALLADOLID

 

El tercer procedimiento, seguido en Instrucción 2, es el que volverá a poner en el disparadero a la sociedad Hotel San Pablo Valladolid S.L, propietaria del solar ocupado por el antiguo Colegio de El Salvador y que en los últimos años han venido realizando gestiones, de forma infructuosa, para reconvertir el centro educativo en un hotel de cinco estrellas, proyecto rechazado en 2009 por el Ayuntamiento, más tarde en sede del ansiado Campus de la Justicia, también desechado ante las pretensiones económicas de la propiedad -reclamaba 30 millones y el Ministerio ofrecía 13-, y finalmente en centro de apartamentos tutelados para mayores.

 

De la referida sociedad, cuyo objeto social incluía actividades de construcción e intermediación inmobiliaria, pasaron a forma parte en mayo de 2006, en calidad de administradores mancomunados, los ya citados Luis María García Clérigo, Germán José Martín Giraldo y un último imputado, Fernando Mínguez Beltrán, a quienes el fiscal acusa de ponerse de acuerdo con el titular de Soincom, José Manuel Castro Piedrafita, a fin de que éste, como en los dos casos anteriores, emitiera una factura, esta vez por importe de casi 2.700.000 euros por servicios ficticios con el único objeto de desgravación impositiva, con lo que el erario público dejó de ingresar un total de 430.098 euros que ahora se reclama, de forma conjunta y solidaria, a los cuatro procesados.