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El PP Valladolid afirma que el tripartito baraja renunciar a su proyecto de fijar el Campus de la Justicia en San Pablo

Problemas de viabilidad jurídica se suman a las alegaciones en sentido contrario de todos los afectados por el proyecto, apuntan los populares.

El grupo municipal Popular ha manifestado que el tripartito municipal está barajando renunciar a su proyecto de fijar el Campus de la Justicia en el colegio El Salvador y en el aparcamiento del antiguo hospital Rio Hortega. A las alegaciones formuladas por todos y cada uno de los afectados se suma el que el proyecto no respeta la normativa urbanística, lo que sumado a un retraso ya de un año hace que “Valladolid pueda quedarse sin la integración de los juzgados”.

 

Según el PP, los miembros del gobierno municipal conocen desde hace tiempo la dificultad jurídica del proyecto, razón por la que el concejal Saravia ha acudido al ministerio de Defensa para solicitar la cesión del Palacio Real. El edificio militar, cuya cesión ha sido denegada por defensa, era una alternativa que buscaba subsanar las dificultades del proyecto iniciado, que en estos momentos está “casi imposible”.

 

Las alegaciones formuladas por los afectados en el proceso, propietarios del El Salvador, Tesorería General de la Seguridad Social, SACyL y Ministerio de Justicia son todas contrarias al proceso, por lo que, de seguir adelante, retrasaría en varios años su aprobación definitiva, o lo imposibilitarían totalmente.

 

Los Populares recuerdan que el proyecto de construcción del Campus de Justicia en la parcela de Villa de Prado fue aprobado hace unos años por el gobierno socialista de Zapatero y en el mismo ya se han afrontado gastos de redacción del proyecto de cerca de un millón de euros que se perderían. A mayores, "las sedes judiciales en alquiler nos cuestan a todos cerca de dos millones de euros", añaden.

 

También recuerdan los Populares, que en Segovia ya se han iniciado las obras de unificación de los juzgados, a las afueras de la ciudad y con un ayuntamiento también socialista. “El proyecto de Valladolid peligra, ya que Segovia es un proyecto posterior del Ministerio de Justicia y ya nos ha adelantado, llevándose la inversión que estaba programada”.

 

Por último, el grupo municipal Popular manifiesta que “todo esto al final es un perjuicio para los ciudadanos y para los profesionales de la justicia que ven como un servicio público tan importante y necesario, la Administración de Justicia, tiene que seguir prestándose con recursos del siglo pasado. La cabezonería del tripartito municipal puede acabar suponiendo que se pierda la inversión del Campus de la Justicia y con ella no sólo la mejora de un servicio público, sino también inversiones y puestos de trabajo en nuestra ciudad”.

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