El PP de Valladolid apoya la renegociación de la deuda de Alta Velocidad

Para que no se incrementen las obligaciones de pago hasta dicha fecha, el PP propone diferir hasta el 30 de junio de 2016 la liquidación.

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid presentará una moción este martes en el Pleno extraordinario sobre la financiación de la deuda de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en la que, entre otros puntos, apoya la renegociación de los plazos de devolución de los préstamos, aunque en lugar del período de carencia de dos años que plantea el equipo de Gobierno, apuesta por diferir los pagos hasta el 30 de junio del año próximo.

  

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes del PP, grupo que solicitó a principios del mes la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que se abordara esta situación, insisten en que quieren que se alcance a un consenso entre los grupos.

  

Así, en un documento presentado el Grupo Popular explica su visión sobre el desarrollo del convenio del proyecto ferroviario de Valladolid y propone una serie de acuerdos al resto de formaciones políticas. Además, realizan una serie de matizaciones al informe elaborado por el equipo de Gobierno ya que entienden que contiene "juicios de valor" e inexactitudes.

  

Entre los acuerdos que plantea el PP figura el apoyo a la renegociación de la deuda contraída por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para "adecuarla al contexto actual del mercado financiero" y obtener la mayor reducción de costes posible "sin descartar la posibilidad de negociar con otras entidades financieras".

  

No obstante, mientras el equipo de Gobierno plantea un periodo de carencia de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2017, para que no se incrementen las obligaciones de pago hasta dicha fecha, el PP propone diferir hasta el 30 de junio de 2016 la liquidación y devolución de la parte principal del crédito e intereses correspondientes a 2016, con el fin de esperar a que se haya podido realizar la liquidación del Presupuesto municipal de 2015.

  

Así, los 'populares' abogan por destinar los remanentes presupuestarios de dicho ejercicio, que elevan hasta los 40 millones de euros según un informe de Intervención General, a "eliminar deuda municipal" y de esa manera dejar un mayor margen para afrontar los pagos de las devoluciones del crédito de Alta Velocidad sin incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 

APLAZAMIENTO

  

De hecho, el Grupo Popular insiste en que la propuesta de aplazamiento de la devolución, con la que están de acuerdo el resto de socios de Alta Velocidad, supondría por ahora al Ayuntamiento abonar 1.875.000 euros para poder renegociar la deuda durante 2016. "Las cuentas del Consistorio podrían afrontar esta alternativa sin excesivos problemas", han añadido.

  

En todo caso, cabe apuntar que la posición del equipo de Gobierno es que si se acepta el aplazamiento el Ayuntamiento tendría que computar como deuda municipal los 101 millones de euros que le corresponden de la deuda de la Sociedad, lo que incumpliría la regla del techo de gasto y obligaría a "suprimir muchos de los servicios municipales".

  

Además, la moción propone que se incorporen a los activos de la Sociedad "todos y cada uno de los compromisos" de los socios, como los 9,5 millones de euros, y la liberación y entrega de los antiguos talleres de Renfe a la Sociedad, para que se puedan poner a la venta las primeras parcelas para testar el mercado.

  

Otro punto de la moción plantea que la revisión del soterramiento para buscar la opción más eficiente y sensata se convenga con el resto de socios y, especialmente, con el Ministerio de Fomento y que, "sólo caso de que resulte oportuno" el Ayuntamiento convocará una consulta ciudadana.

  

Asimismo, recogen la intención de urgir el traslado de los talleres a las nuevas instalaciones, el mantenimiento de los proyectos aprobados por la Sociedad para evitar nuevos retrasos.

  
En el documento con el que respalda la moción, el PP precisa que las cantidades estimadas por el equipo de Gobierno para la finalización de las obras incluye algunos errores "que hacen engrosar la cuantía de forma incorrecta". Así, los costes de urbanización de los terrenos no serían de 135 millones, sino que habría que aplicar una reducción de acuerdo con las bajas de adjudicación.

  

De esta manera, los 543 millones de euros que, según el equipo de Gobierno restarían por invertir en el proyecto, se reducirían en una cifra de unos 90 millones y quedarían en 453 millones.

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