El ministro de Justicia cree "excesivo" no permitir que imputados entren en las listas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, a su llegada a un acto en Salamanca.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defiende aplicar para los intregrantes de las listas el mismo criterio reservado para los ceses de cargos públicos. Considera excesivo que se aparte a candidatos por estar investigados y aboga por esperar a que sean acusados.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha justificado hoy la inclusión de imputados en las listas electorales que, a partir del día 15, van a presentar los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales y autonómicas. Un aval que se fundamenta en el mismo criterio acordado semanas atrás, por el que solo se obligará a cargos públicos ya electos a dejar sus puestos cuando se pase al siguiente estado procesal, la apertura de juicio oral. 

 

"Hemos reiterado muchas veces nuestro planteamiento. La mera condición de imputado no significa otra cosa que la de comparecer ante una investigación judicial con asistencia letrada, eso es lo que significa estar imputado, que alguien ha pesentado una denuncia y se ha admitido a trámite", ha explicado el ministro, que considera que eso no supone que exista "ninguna sombra de duda por esa condición de imputado sobre la presunción de inocencia".

 

Esta es, efectivamente, la doctrina que ha defendido el Gobierno en el reciente acuerdo con el PSOE para establecer el punto en el que un cargo público inmerso en un proceso judicial por una acusación de corrupción tiene que abandonar su puesto. "Que la mera imputación conlleve el alejamiento de las responsabilidades públicas me parece excesivo", ha dicho Catalá.

 

Esta doctrina abre la puerta a que los partidos puedan llevar en sus listas a candidatos que están imputados o, como va a ser pronto, investigados por una denuncia. Una posibilidad que muchos ya han anunciado no utilizarán porque, de manera interna, han decidido poner el límite precisamente en la imputación; así lo han hecho PSOE, Ciudadanos, UPyD y Ganemos, entre otros.

 

"Es un debate que deberísmos ordenar y no generar confusión porque insisto que el principio constitucional de presunción de inocencia debe ir por delante de la consideración de una atribución de responsabilidades que para eso está la justicia", que es la que debe determinar el grado de responsabilidad y si se abre juicio oral, que es el momento en que se acusa a un imputado de un delito concreto y a partir de lo cual se fija fecha para un juicio. 

 

"Quizás en ese momento es cuando hay indicios suficientes como para que pueden derivar consecuencias", ha recordado Catalá, que insiste en que "anticipar a ese momento las responsabilidades lleva consigo un exceso basado en suposiciones y no en certezas".

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